Peñamiller necesita empleos y agua, eso es prioridad; no necesita espectáculos legislativos ni juicios políticos que, como bien se sabe en Querétaro, son poco más que llamadas a misa. Que alguien les explique.
Lo que ocurre en Peñamiller debe leerse con frialdad política que amerita el caso; la arenga del diputado local Eric Silva sobre la posibilidad de iniciar un juicio político contra la presidenta municipal Ana Karen Jiménez no es un hecho menor en el discurso, pero sí lo es en los alcances reales y es que en Querétaro, el juicio político ha sido históricamente un recurso más retórico que efectivo, es más cercano a la presión mediática que a una realidad jurídica con consecuencias claras.
En la historia moderna del estado se han iniciado 162 juicios políticos, de ellos solo cuatro llegaron a una resolución relevante y ninguno terminó con la destitución de funcionario público. Cuando en Querétaro se ha removido a un presidente municipal ha sido por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no por decisiones del Congreso local ni por procedimientos impulsados desde la Comisión Instructora.
El conflicto de fondo en Peñamiller es social y administrativo, no penal ni de responsabilidades graves; la destitución de una delegada, la resolución del Tribunal Electoral y la falta de diálogo son problemas que deben atenderse por la vía política y administrativa. Convertirlos en un juicio político no resuelve el fondo del asunto; solo eleva el volumen del conflicto y lo coloca en una arena donde el desenlace está prácticamente cantado y no pasará nada.
La intervención del diputado federal Gilberto Herrera y el acompañamiento de legisladores locales de Morena deben entenderse como un intento de capitalizar un conflicto local para fines políticos más amplios. No es la primera vez que ocurre ni será la última. El juicio político en esas condiciones es como un exhorto, la misma cantaleta.
Eso no significa que la alcaldesa de Peñamiller esté exenta de responsabilidad política; el error más grave de cualquier autoridad municipal es cerrar el diálogo. Cuando una presidencia municipal se atrinchera y deja crecer un conflicto social, abre la puerta a que otros actores lo usen. Lo grave y penoso del caso es que de generar empleos y oportunidades para Peñamiller nadie habla, no hay soluciones para sacar de la marginación a decenas de habitantes de este municipio, solamente hay grilla y ese es ahora el bastión político del sombrero de paja.
Aseguran que durante años se normalizaron jornadas largas de trabajo, bajos salarios y un desgaste constante que impacta la salud y la vida familiar de los trabajadores. Hoy la exigencia avanza: primero se pidió una semana de 40 horas y ahora se empuja el debate hacia 35, con dos días de descanso. Rodolfo Gómez del “Frente por las 40 horas” también quiere un huevito en su arroz.
