Quieren diputados de Morena que los programas sociales del gobierno estatal queden en la constitución al igual que nivel federal; es una buena acción pero deben de tomar en cuenta que algunos de ellos podrían de comprometer las finanzas públicas en el futuro.
Este no es un caso aislado, las autoridades municipales han reconocido que, tan solo en lo que va de la administración, ya suman dos denuncias formales por el uso de documentación falsa. Lo preocupante no es solo el número que probablemente sea mayor en la práctica sino lo que representa.
El visto bueno de Protección Civil no es un trámite burocrático más. Es una herramienta para garantizar que un local cumple con las condiciones mínimas de seguridad para operar sin poner en riesgo a clientes, trabajadores y vecinos. Con un papel falso es como armar una bomba de tiempo en plena zona habitacional. Jugar con la seguridad pública para ganar tiempo o ahorrarse unos pesos debería imponer un castigo ejemplar.
Pero aquí también entra en juego la responsabilidad de las autoridades. Si bien es digno de reconocimiento que se hayan detectado estas falsificaciones y se haya actuado con prontitud incluso con detención incluida, hace falta cerrar aún más las brechas que permiten que estos documentos falsos circulen con tanta naturalidad para algunos abusivos.
Es urgente recuperar el valor de la legalidad. Las reglas no son obstáculos, son garantías para una convivencia segura y justa. Quien pretende saltárselas no solo se arriesga a una multa o a la clausura de su negocio; también pone en peligro la vida de otros y erosiona la confianza en las instituciones.
