En el primer Grito de Independencia de la presidenta de México, fue acertada su decisión al referirse a la Corregidora, Doña Josefa, por sus apellidos de soltera, a pesar del debate generado sobre la forma en que honramos y recordamos a las figuras históricas. Sin duda, es un gesto que reivindica la identidad de las mujeres más allá de su estado civil y es un paso hacia la igualdad de género en la narrativa histórica. Sin embargo, este gesto simbólico no puede eclipsar la urgencia de abordar problemas mucho más graves y actuales que enfrentan las mujeres en México, que es donde debería de centrarse la verdadera polémica.

Mientras la presidenta celebra pequeños logros por demás simbólicos, miles de mujeres y niñas en el país se siguen viviendo situaciones de violencia extrema y discriminación, día con día, en sus hogares o fuera de ellos. Según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 797 presuntos feminicidios en el territorio nacional, lo que representa un promedio de 9 mujeres asesinadas al día. Las entidades con mayor número de feminicidios en 2024 fueron el Estado de México, con 73 casos, seguido por la Ciudad de México con 65 feminicidios y Nuevo León con 60 casos. También, se estima que entre 2015 y marzo de 2025 se registraron 8 mil 571 feminicidios en México.

Además de los feminicidios, las mujeres en México también enfrentan graves problemas como la venta de niñas indígenas para matrimonio, un tema que debería generar una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades. Las niñas y mujeres indígenas son particularmente vulnerables debido a su doble condición de género y etnia, lo que las hace blanco fácil de abusos y explotación. 

La lucha contra la violencia de género requiere políticas públicas efectivas y una aplicación estricta de la ley. No basta con reconocer los derechos de las mujeres en el papel, menos con lo enunciado en acto de simbolismos patrios; se necesita acción y compromiso real para proteger a las mujeres y niñas de la violencia y la discriminación. La presidenta de México tiene una oportunidad única para demostrar su compromiso con la justicia y la igualdad de género abordando estos problemas críticos y trabajando hacia soluciones sostenibles y efectivas, porque sigue siendo una asignatura pendiente y alarmante. 

Han pasado sexenios y las palabras no se traducen en acciones concretas y tangibles. Las mujeres en México merecen más que gestos simbólicos; merecen justicia, seguridad y protección. La verdadera justicia para las mujeres en México implica abordar y resolver los problemas urgentes que enfrentan, en lugar de sólo enmendar el tributo a figuras históricas. La lucha por la igualdad y la justicia de género es un camino largo y difícil, pero es imprescindible que las autoridades asuman su responsabilidad y actúen con determinación para cambiar la realidad que viven millones de mujeres en México.