En ese sentido, considero que, condicionar un tratado comercial con cuestiones ajenas al comercio, va en contra de normas internacionales, sin embargo, habrá que observar cómo responderán los organismos especializados.
La alianza comercial entre México, Estados Unidos y Canadá existe desde mucho antes de la firma de tratados formales. Sin embargo, en 1994, con la entrada en vigor del TLCAN, esta relación se consolidó. Desde entonces, la alianza ha enfrentado retos pero las oportunidades y ventajas han superado estas dificultades.
Durante su primer mandato, el presidente Trump amenazó con poner fin al tratado y, tras intensas negociaciones, se concretó el T-MEC, que sigue siendo benéfico para los tres países. Hoy, la historia parece repetirse, pero con una diferencia: las condiciones impuestas por EE.UU. no son de carácter comercial, sino de seguridad, centrándose en la inmigración y el combate a las drogas.
No obstante, Trump ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para justificar su postura, argumentando que estos dos problemas amenazan la seguridad de los estadounidenses. Sin embargo, es evidente que esta estrategia busca presionar a México y Canadá para que cumplan con sus exigencias.
Para Chihuahua, un estado fronterizo con una economía fuertemente vinculada al comercio internacional, esta situación representa un desafío y una oportunidad. El T-MEC ha sido fundamental para el crecimiento de la manufactura, la agroindustria y la minería, en consecuencia, cualquier tensión en la relación comercial con Estados Unidos podría afectar las cadenas de suministro y la inversión extranjera directa, que son vitales para la economía local.
En cuanto a las demandas de seguridad, estas podrían impulsar a Chihuahua a fortalecer sus estrategias de seguridad pública y cooperación binacional. El estado ya ha sido pionero en iniciativas de colaboración transfronteriza, como los programas de intercambio de información y capacitación entre fuerzas de seguridad. Un enfoque más robusto en estos temas no solo mejoraría la seguridad en la región, sino que también podría demostrar un entorno más estable y confiable para nuevas inversiones y el turismo.
Por otro lado, México enfrenta un dilema complejo. Desde una perspectiva comercial, no debería ceder ante la presión de Trump, ni por principios ni por estrategia. Por principios, porque resulta inaceptable que un socio comercial pretenda modificar un acuerdo con base en condiciones ajenas a su propósito original. Y por estrategia, porque ceder ante un “bully” rara vez es la mejor opción.
Si analizamos la situación desde el interés nacional, las demandas de Trump no están tan alejadas de lo que queremos los mexicanos: un país con oportunidades, donde las personas no se vean obligadas a emigrar para una vida digna. Un país donde se respete la ley y los delincuentes enfrenten consecuencias por sus actos.
En COPARMEX creemos que este enfoque podría traducirse en una oportunidad para fortalecer el tejido social y económico. Podríamos aprovechar este momento para impulsar el desarrollo comunitario, educación y empleo que reduzcan las causas profundas de la migración y la delincuencia.
