La reforma actual promete “ordenar”, “transparentar”, “democratizar”. Pero perdón, ya nos sabemos ese cuento:

—Cuando el gobierno dice que va a “ordenar”, normalmente ordena quién gana y quién pierde.

—Cuando habla de “transparentar”, suele significar que se opacará distinto.

—Y cuando promete “democratizar”, por lo general quiere decir “tranquilizar al público mientras todo sigue igual”.

La reforma del agua debería ser una declaración de futuro, pero necesitamos admitir algo primero: si no rompemos el régimen de concesiones, no estamos salvando el agua; estamos salvando el negocio.

Y la pregunta que nadie quiere hacer es la única que importa: ¿Queremos un país donde el agua sea derecho o mercancía?

Porque de eso se trata. No de ecología, no de eficiencia, no de “modernización”: de definir si la vida misma será pública o privatizada.

Mi propuesta —y sí, quizá ingenua, pero necesaria— es simple: el agua debe dejar de ser un privilegio y volver a ser un bien común. Si no lo hacemos ahora, luego no nos va a alcanzar ni para llorar la sequía.

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