Pregúntele a cualquier atleta chihuahuense dónde entrena y le mostrará un video: colchonetas parchadas con cinta, garrochas compradas con sus ahorros, instalaciones que llevan más de una década sin una pasada de pintura. Pregúntele al gobierno por el deporte y presumirá medallas, fotografías oficiales y programas con nombres heroicos como “Vámonos Recio”. Ahí está el problema en una sola imagen: dos Chihuahuas habitando el mismo discurso.

El Instituto Chihuahuense del Deporte cargó en los primeros tres años de la administración de Maru Campos los presupuestos más bajos en dieciséis años: 75 millones en 2022, 94 en 2023, 119 en 2024. Para contexto: Reyes Baeza le asignó 163 millones en 2009, cuando el peso valía más y el dólar menos. La recuperación a 185 millones en 2025 no es generosidad, es respuesta política al escándalo que armó Uziel Muñoz cuando declaró que Chihuahua no lo había apoyado ni con un peso. A veces el Estado solo reacciona cuando la vergüenza internacional le toca la puerta.

En abril, un grupo de atletas viralizó un video que debería estar en todos los periódicos locales: colchones improvisados para salto con garrocha, piso cuarteado, material comprado por los propios deportistas. Sebastián Arias terminó en el hospital por caer en una colchoneta que lleva años sin reemplazarse. Otro atleta se fracturó la clavícula. Una niña que llegó a nacional gastó 16 mil pesos de su bolsa para comprar su garrocha. Eso no son anécdotas sueltas: es el modelo operando a plena luz.

Mientras tanto, la maquinaria de la fotografía opera a todo vapor. Se anuncian 100 millones para 45 canchas de fútbol rápido en once municipios, vestidos de “Mundialito Social” rumbo al Mundial 2026. Hay dinero para cemento y pasto sintético previo a un mundial con los ojos del mundo encima, pero no para colchonetas nuevas en la pista donde entrenan quienes nunca aparecerán en televisión. Cuando esos atletas ganan aparecen los funcionarios con la bandera, el selfie y el comunicado triunfalista. Aplaudieron el esfuerzo que no financiaron y se colgaron la medalla que no ganaron.

La propuesta es sencilla y cabe en la ley: blindar por decreto un piso mínimo del presupuesto estatal etiquetado al deporte base, con una partida específica para mantenimiento de instalaciones y equipamiento que no dependa del humor del gobernador en turno. Un consejo ciudadano con deportistas activos, entrenadores y padres de familia que vote prioridades cada año, con auditoría pública y transparente. Que el dinero deje de ser un favor político y se convierta en un derecho exigible por cualquier atleta, gane medalla o no.

¿Cuál es la instalación deportiva de su colonia que lleva años cayéndose y nadie voltea a verla? Escríbala en los comentarios y etiquete a su diputado local. La próxima vez que un funcionario se cuelgue una medalla que no ganó, preguntémosle en público cuándo fue la última vez que pisó la pista donde entrenan los atletas. Que no se les olvide cuando vengan a pedir el voto.