* Politóloga.
Twitter: @glapem_
El pasado miércoles 15 de septiembre fueron liberadas 682 personas que estaban en la cárcel y cumplían con alguna de las siguientes condiciones: que fueron víctimas de tortura, llevaban más de 10 años sin una sentencia condenatoria o eran mayores de 65 años con enfermedades crónico degenerativas o terminales, o mayores de 70 años.
Esto se debe al decreto promovido por el Presidente de México, que entró en vigor el pasado 25 de agosto del 2021, que plantea que desde la Secretaría de Gobernación se identifique y dé seguimiento a casos particulares de personas que fueron privadas de su libertad y que, de acuerdo al marco legal, se encuentren en posibilidades de dejar la prisión. Esto en un contexto de hacinamiento en las cárceles del país, las cuales tienen capacidad para unos 170 mil reclusos, pero en la actualidad cuentan con más de 210 mil presos.
La implementación de este decreto no va a implicar que miles de personas sean liberadas de manera automática e inmediata. De entrada, porque son los tribunales los que tienen la última palabra en cada caso y porque existen diversas limitaciones, de inicio porque el gobierno solo podrá dar seguimiento a los casos del fuero federal y además, se limita a supuestos que ya existían en la Ley, lo que pretende únicamente este decreto es agilizar la liberación de personas que por delitos menores y las causales mencionadas, permanecen de manera injustificada en prisión.
Además, debemos considerar que el 90% de los reclusos en México, lo están por delitos locales y no federales, esto quiere decir que sería necesario que los estados se sumen para lograr combatir el retraso en los procesos de liberación de reos en las cárceles locales. Y por supuesto, se tiene que tener claridad de que el reto de liberación de presos no debería terminar ahí, sino que continúan etapas en donde las autoridades deberían hacer una atención integral después de la liberación, como las autoridades de salud en los casos de quienes tienen padecimientos clínicos, así como en generar condiciones para la reinserción social de estas personas, con acceso a vivienda y trabajo.
En nuestro país 4 de cada 10 personas se encuentran en la cárcel, sin que se haya probado realmente que hayan cometido un delito. El sistema penitenciario se encuentra desbordado y pese a que por Ley la liberación de presos ante estas condiciones ya podía solicitarse, no hubo avances significativos, gracias a la falta de voluntad y coordinación de autoridades locales y federales para avanzar en esta materia. Esperemos que este sea un nuevo impulso que logre sumar esfuerzos para el reconocimiento de derechos y libertades de personas que padecen de los rezagos del sistema de justicia mexicano.
