Sin embargo, la auténtica esperanza radica en que la voluntad de los ciudadanos siempre será la verdadera decisión que define el lugar de cada quién en la historia. Cualquier castillo de arena se derrumba cuando sopla con fuerza el viento de la voluntad popular.
Uno de los momentos estelares de cualquier sistema político democrático es cuando se pone en marcha un proceso de reforma electoral por tratarse de un asunto relevante como lo es modificar las reglas del juego a las que se someterán en el futuro próximo tanto ciudadanos como partidos políticos para acceder al poder público.
Hace dos meses la presidenta Claudia Sheinbaum creó una comisión presidencial integrada exclusivamente por funcionarios públicos, personajes cercanos al partido gobernante para llevar a cabo foros de consulta y elaborar una propuesta de reforma electoral. Este procedimiento es opuesto a los de las cuatro grandes reformas electorales: la de 1978 para abrir espacios en las cámaras legislativas a la oposición; la de 1989 después de la compleja elección presidencial de 1988; la reforma de 1996 que propició que el partido hegemónico perdiera la mayoría en la cámara de diputados en 1997 abriendo con ello una nueva etapa del proceso democrático del país; y la reforma del 2007 para fortalecer la autonomía del organismo electoral así como reforzar la independencia de los tribunales electorales dotando de certeza a los resultados de las elecciones.
Las reformas electorales anteriores surgieron de la necesidad de los actores políticos para competir en condiciones de igualdad, legalidad, transparencia y certeza. Es decir, ciudadanos y partidos demandaron apertura al poder público para garantizar que la voluntad de los ciudadanos sea la única que defina la composición de los espacios de poder a través del sufragio. Extraño que ahora sea desde la cúspide del poder público de donde emane la convocatoria a una reforma electoral, situación que levanta suspicacias respecto del verdadero objetivo de la reforma, coincidiendo analistas, académicos, dirigentes de oposición y expertos en que el gobierno ha planteado cambios a la constitución y las leyes electorales con un rumbo regresivo en términos democráticos, para debilitar la competencia electoral y favorecer al partido gobernante en los comicios federales y locales.
Los temas que contempla la reforma definen la competencia electoral para los próximos años y la composición de los poderes constituidos, toda vez que se plantea disminuir el número de diputados federales de 500 a 300, también se propone reducir el número de senadores y modificar el sistema de elección de las diputaciones plurinominales, reducción del financiamiento público a los partidos políticos y también se plantea la desaparición de los organismos electorales locales.
De concretarse dichas propuestas, el beneficiario mayor será morena, toda vez que disminuir la pluralidad en las cámaras de diputados y senadores fortalece al partido gobernante, lo mismo sucede con la disminución del financiamiento público a los partidos, pues es de dominio público que morena cuenta con varias vías de acceso a recursos públicos y privados, lo que le otorga grandes ventajas con respecto a sus competidores. Lo mismo sucede con la centralización de la organización de las elecciones -federales y locales- en un solo organismo nacional, pues los actuales institutos electorales de los estados garantizan que las elecciones estatales y municipales se rijan por las leyes de cada entidad federativa, es decir, que el poder local se defina en lo local.
Esta temática es suficiente para que se realice un debate nacional amplio, intenso, productivo, que refleje la diversidad política de la sociedad mexicana, en la que se involucren universitarios, técnicos, dirigentes sociales y políticos, comunicadores, organizaciones civiles y ciudadanos; sin embargo, vemos que los foros que realiza la comisión presidida por Pablo Gómez están transcurriendo en las sombras, solo con invitados a modo, partidarios y serviles. Dichos foros son un engaño, una fachada. No hay debates serios y profundos en los medios de comunicación, la ciudadanía está lejana de involucrarse porque intuye que se trata de una farsa, por eso no hay entusiasmo para expresarse.
Es de esperarse que pronto desde el púlpito presidencial anunciarán que el pueblo de México se manifestó y decidió el contenido de la reforma, dirán que la sociedad fue la que configuró cada propuesta. Lo cierto es que la iniciativa presidencial se diseña en palacio nacional con la pretensión de limitar los derechos políticos de los mexicanos y seguir construyendo el andamiaje autoritario que han venido construyendo en los últimos siete años con el único fin de conservar el poder para beneficiar a una clase política ineficiente.
