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La violencia en el país sigue creciendo a tal grado que cada día son más los ciudadanos que ya no están dispuestos a esperar, ante los eventos violentos de alto impacto que suceden con más frecuencia perciben que ha llegado el momento de la manifestación pública, de la protesta social para provocar que el gobierno federal garantice la tranquilidad y el desarrollo normal de las actividades productivas en cada región. El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan Michoacán, es el evento que más ha propiciado marchas y movilizaciones para exigir un alto a la violencia y la impunidad.
Están convocadas nuevas concentraciones en diversas ciudades para los próximos días, evidenciando que estamos ante un despertar ciudadano que se manifiesta con valentía frente a un gobierno que explica el problema actual de inseguridad culpando a quienes gobernaron hace varios años. Dicha justificación esconde una peligrosa negación de la realidad, el actual régimen tiene siete años en el poder y aún no asume su responsabilidad en materia de seguridad. La clase política del régimen está distraída en aprobar presupuestos que aumentan la deuda pública a niveles históricos y que recortan el gasto en seguridad, también están dedicados a la tarea de modificar las leyes electorales para otorgarle ventajas a Morena en las contiendas electorales, en detrimento de la competencia electoral equitativa.
Los ciudadanos son los que definen el rumbo de la sociedad, los únicos legitimados para exigir garantías de tranquilidad, también son los que pueden detener las inadmisibles reformas electorales. Es inexplicable que se esté promoviendo una reforma electoral desde el poder sin generar consensos, sin consultar a las fuerzas políticas.
Las reformas electorales anteriores en México surgieron de la protesta ciudadana, de los movimientos políticos, de la expresión incesante de la opinión pública, de la voz inconforme de la academia; ante dichas expresiones, el gobierno se veía obligado a abrir espacios de diálogo con el fin de lograr acuerdos para reformar las leyes electorales. Así es como fue avanzando nuestro sistema electoral hacia la profesionalización, la autonomía y la legalidad. Todo proceso de reforma política se desarrollaba de abajo hacia arriba, surgía de la sociedad para obligar al gobierno a soltar el poder que tenía para organizar y controlar las elecciones, las reformas siempre buscaron afianzar un sistema electoral ciudadano, independiente, capaz de garantizar elecciones confiables y libres.
En contraste, el único objetivo que puede tener el paquete de reformas promovido por el gobierno de Morena, es controlar las elecciones para seguir en el poder, su intención con un INE debilitado, disminuido y controlado por ellos, es aparentar procesos democráticos, a sabiendas que desde el gobierno podrían controlar cada fase del proceso electoral, determinando el resultado más conveniente a sus intereses, imponiendo en el cargo a sus candidatos aun y cuando eventualmente no contaran con la voluntad de la mayoría.
La expresión abierta que viene en los próximos días en las plazas públicas de mujeres y hombres que claman seguridad y paz para sus familias, así como conservar los principios democráticos y la libertad para elegir a los gobernantes, significan luces encendidas que aumentan la confianza en un futuro con paz y la vigencia de los principios democráticos, vistos ambos como derechos que estamos obligados a entregar a las nuevas generaciones.