La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debería ser, en cualquier democracia, el “bastión” de la razón jurídica, la prudencia institucional y el equilibrio del poder; de ese tamaño es la responsabilidad que descansa en sus integrantes; sin embargo, en los últimos meses lo que hemos visto dista mucho de ese ideal, pues en lugar de decisiones jurídicas sólidas, de debates de alto nivel o de resoluciones que fortalezcan el Estado de Derecho, lo que ha terminado ocupando los titulares son episodios que rozan lo grotesco, lo frívolo y lo francamente preocupante. Una cadena de hechos que exhiben no solo falta de criterio, sino también una preocupante desconexión con el papel que deberían desempeñar; porque si algo necesita México en medio de un clima de polarización política, crisis de seguridad y desafíos institucionales, es una Corte seria, respetada y profesional, pero lo que se ha proyectado recientemente es exactamente lo contrario.
Uno de los episodios que más indignación provocó fue el comentario de la ministra María Estela Ríos González, quien aseguró que los bebés concebidos mediante fertilización in vitro no forman parte de una familia en el mismo sentido que aquellos nacidos de manera natural; más allá de la discusión técnica o jurídica que pudiera existir en torno a determinados temas, lo cierto es que la declaración fue percibida como profundamente insensible y desconectada de la realidad de miles de familias que recurren a estos tratamientos para poder tener hijos. En un país donde la ciencia médica ha abierto alternativas para quienes enfrentan problemas de fertilidad, una afirmación de ese calibre no solo revela ligereza, sino también una preocupante falta de empatía; es, literal, un desatino de la integrante de la Corte, pues refleja una postura más personal que profesional y de respeto a quienes, por necesidad, han tenido que recurrir a estos métodos.
Como si lo anterior no fuera suficiente, hace apenas unos días otro episodio alimentó la percepción de frivolidad que rodea a este máximo tribunal. Durante una sesión fuera de la sede habitual, algunos ministros decidieron presentarse vestidos con trajes típicos de la región donde se realizaba el encuentro; el gesto, que quizá pretendía ser un guiño cultural o un acto simbólico de cercanía con las comunidades, terminó generando una lluvia de críticas; y no porque exista algo malo en reconocer la riqueza cultural del país, sino porque la escena terminó pareciendo más una “postal” turística que una sesión del órgano constitucional más importante del sistema judicial mexicano. La justicia, para bien o para mal, también se construye con símbolos, y cuando quienes deben encarnar la sobriedad institucional terminan participando en escenas que parecen diseñadas para redes sociales, el mensaje que se envía es que la seriedad puede esperar para una mejor ocasión.
Pero quizá lo más preocupante no sean los episodios anecdóticos, sino los constantes desatinos que han acompañado las intervenciones públicas de la ministra Lenia Batres, la autodenominada “Ministra del pueblo”, quien en más de una ocasión ha opinado sobre temas jurídicos o políticos mostrando un desconocimiento que resulta alarmante para alguien que ocupa una silla en el máximo tribunal del país; cuando se supone debe llegar preparada y con los temas que se verán en cada sesión estudiados, pero ha reflejado totalmente lo contrario; de ahí que la percepción social es que casi la mayoría de los integrantes de la Corte llegaron sin preparación, porque haber llegado mediante un proceso respaldado políticamente o incluso con legitimidad popular no garantiza competencia, solvencia jurídica ni capacidad para ejercer el cargo con altura. México necesita una Corte que genere confianza, que eleve el nivel del debate constitucional y que actúe como contrapeso real del poder, y mientras esto no suceda, seguiremos siendo testigos de estas “comedias” jurídicas.