La conferencia mañanera de ayer dejó un mensaje que, aunque incómodo para algunos sectores, resulta necesario para la salud financiera y moral del país, el Gobierno Federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), va a endurecer su estrategia contra los evasores fiscales; desde luego esto no nace de una ocurrencia ni una frase al aire, fue una definición política clara. Durante décadas se normalizó que grandes fortunas hicieran de la evasión una práctica cotidiana, mientras el grueso de los mexicanos, llámese asalariados, profesionistas y pequeños empresarios, cumplimos puntualmente con el fisco sin margen de maniobra, de ahí que se planteara algo elemental, quien no paga impuestos no es más listo, es alguien que le quita recursos al país, y se dejan de operar muchos programas de beneficio para las familias que habitamos esta nación.

Uno de los puntos centrales abordados fue el impacto que tiene la evasión fiscal en la desigualdad, no se trata solo de cifras multimillonarias en adeudos, sino de un modelo que premió durante años a quienes podían pagar abogados, alargar litigios y ampararse indefinidamente, mientras millones de contribuyentes cautivos ven descontado su ISR de manera automática, otros con fortunas gigantescas han hecho de la evasión una “estrategia financiera”. Combatir esa práctica no es persecución, es corregir una anomalía histórica que convirtió el incumplimiento en privilegio.

La estrategia anunciada por Claudia Sheinbaum tiene una carga política evidente, y eso no es un defecto, sino una virtud; un gobierno que no se atreve a cobrarle a los poderosos envía una señal de debilidad institucional. Por el contrario, cuando el gobierno decide ir contra grandes deudores fiscales, aun sabiendo que enfrentará campañas mediáticas, presiones empresariales y ruido político, fortalece su autoridad, y el más claro ejemplo es Ricardo Salinas Pliego, en quien se resume bien la discusión, no se trata de su perfil público, sino de adeudos concretos y de su obligación legal de saldarlos; la ley no debería ser selectiva ni negociable, debe aplicarse por igual.

Cuando los grandes contribuyentes no pagan, el Estado compensa apretando a quienes sí cumplen, y desde luego eso genera una percepción de injusticia que erosiona la cultura fiscal, en cambio si se logra cobrar lo que corresponde a los grandes evasores, se amplía el margen para no asfixiar a la clase media ni a los pequeños negocios. No es una lógica ideológica, es una aritmética básica, si todos pagan, nadie paga de más. Incluso durante décadas se repitió el argumento de que cobrar impuestos ahuyenta la inversión, sin embargo, la experiencia internacional muestra que los países con reglas fiscales claras, con menor evasión y mayor certeza jurídica, son también los más atractivos para invertir; entonces el problema no es pagar impuestos, el problema es no saber si otros los pagan y si el dinero se usa bien.

Finalmente, esto es un asunto de legitimidad, porque un gobierno que persigue al pequeño contribuyente pero tolera al gran evasor pierde autoridad moral. La estrategia anunciada busca revertir esa percepción y enviar un mensaje claro, nadie está por encima del SAT; la evasión fiscal no es una “travesura” ni una optimización; es una forma sofisticada de saqueo a las arcas gubernamentales, y combatirla no solo fortalece las finanzas públicas, también reconstruye la confianza en las instituciones y en la idea básica de que el Estado existe para servir al interés colectivo, no para proteger privilegios. Es hasta lamentable que se tengan que iniciar procesos legales para buscar obligar a quienes evaden sus responsabilidades fiscales, cuando la clase media, la fuerza laboral en este país, no tiene opción, no solo es legalidad, también se trata de justicia.