Cateos pero... ¿y los resultados?

Por más que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa intente mostrar avances, el caso de la privación ilegal de la libertad de 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver, ocurrida el 23 de enero en Concordia, deja más preguntas que respuestas.

De acuerdo con la propia fiscal, Claudia Zulema Sánchez Kondo, se han realizado cinco cateos, uno en Mazatlán y cuatro en Concordia, como parte de una investigación que, según se informó, se fortaleció a partir de nuevos indicios integrados a la carpeta.

Sin embargo, el dato que llama la atención no es el número de diligencias, sino el momento en que se ejecutan. El operativo se empezó a ejecutar casi una semana después de la desaparición de los trabajadores, al menos es la información que se tiene.

Y aquí surge una pregunta inevitable, ¿qué tan efectivo puede ser un despliegue de búsqueda e investigación que arranca cuando ya ha pasado tiempo clave para la localización de las víctimas y la preservación de indicios?

La Fiscalía sostiene que tuvo conocimiento del caso un día después de los hechos. Si esto es así por qué durante varios días no hubo información pública, posicionamiento oficial ni un mensaje claro para la sociedad y para las familias de las víctimas, ¿por qué el silencio institucional se mantuvo hasta que el tema explotó mediáticamente?

Otro elemento que genera inquietud es que, aunque el reporte inicial habla de 10 trabajadores privados de la libertad, solo existen cinco denuncias formalizadas, mismas que, además, fueron presentadas en otros estados y posteriormente turnadas a Sinaloa por razones de competencia.

Al no existir denuncias formales presentadas en la entidad por todos los casos, las víctimas no cuentan, al menos de manera institucional, con nombre, apellido y una ficha oficial de búsqueda, aun cuando sus identidades ya han comenzado a circular y a ser reconocidas por familiares a través de redes sociales.

La ausencia de denuncias locales impide, en los hechos, que se active el protocolo de búsqueda individualizada y que cada persona desaparecida sea visibilizada como tal por la autoridad.

A ello se suma que, hasta el momento, la propia Fiscalía reconoce que no ha existido contacto directo con los directivos de Vizsla Silver, y que apenas se prepara su citación para ampliar la información. Es decir, en un caso donde una empresa transnacional es parte central del contexto, la comunicación formal con sus responsables ocurre cuando la presión pública ya es evidente.

Cuando se trata de personas desaparecidas, cada hora cuenta.

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