La página oficial añade que busca unir regiones y generaciones, alinear visiones entre liderazgos, activistas, pensadores y partidos, y convertir “la convicción en acción y la ambición en resultados”.
Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum participará en Barcelona en la Cumbre de Gobiernos Progresistas, un encuentro que se presenta como “una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”, con el propósito de hacer “visibles y creíbles” las soluciones progresistas, “defender la democracia” y “avanzar en la justicia social”.
Pero más que describir una cumbre progresista, la pregunta de fondo es otra: ¿qué significa hoy ser progresista? Y la pregunta importa porque la ultraderecha y los proyectos autocráticos avanzan con una agenda transnacional muy clara: nacionalismo excluyente, debilitamiento de contrapesos, hostilidad hacia los derechos humanos, ataques a la igualdad de género, demonización de las personas migrantes, negacionismo climático y control político de la verdad pública. Frente a eso, la convocatoria de Barcelona ofrece una promesa ambiciosa. La cuestión es si ese progresismo puede ser algo más que un discurso.
Hoy ser progresista no debería medirse por etiquetas, sino por resultados que la ciudadanía pueda reconocer en su vida cotidiana. Tendría que significar, primero, vivir en libertad y sin miedo a los abusos del poder, con gobiernos sometidos a reglas, contrapesos y rendición de cuentas. Segundo, tener derechos garantizados para todas las personas, sin exclusiones ni usos selectivos de la ley. Tercero, contar con oportunidades reales para vivir mejor, sin que el origen social, el territorio o el género definan el destino. Cuarto, poner límites a los grandes poderes económicos y tecnológicos cuando afectan la vida pública, manipulan la conversación democrática o dañan a las infancias. Y quinto, asegurar que las mujeres vivan con igualdad, autonomía y libres de violencia, no como asunto secundario, sino como criterio central de cualquier proyecto democrático.
Esa discusión también obliga a mirar hacia México. Porque si ser progresista significa gobernar con derechos, con igualdad y con límites al poder, cuesta sostener que hasta ahora México haya tenido un gobierno realmente progresista. Ha habido una narrativa social y políticas redistributivas, sí, pero eso no basta cuando persisten la militarización de la seguridad, las graves crisis de derechos humanos como la desaparición forzada, las deudas con la autonomía de las mujeres y la ausencia de una transformación consistente del cuidado como responsabilidad pública.
La coyuntura europea vuelve esa discusión todavía más relevante. Los resultados recientes en Hungría han sido leídos como una señal de desgaste del ciclo de Viktor Orbán y como un freno al trumpismo global. No se trata automáticamente de un triunfo de la izquierda, pero sí de un mensaje potente: los regímenes liberales y la captura institucional no son invencibles. También en Europa crece el cansancio frente al abuso de poder, la corrupción y el vaciamiento democrático.
Si Barcelona quiere ser algo más que una foto de familia tendría que mostrar cómo se traduce el progresismo en decisiones concretas de gobierno. España ofrece un ejemplo reciente: Pedro Sánchez anunció medidas para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, entre ellas la prohibición del acceso a plataformas sociales para menores de 16 años y mayores obligaciones para las tecnológicas. Más allá del debate técnico, muestras algo importante: un gobierno progresista no se resigna ante el poder desregulado de las plataformas; interviene para proteger derechos.
Desde una perspectiva feminista, esa es también la vara real del progresismo. La calidad democrática se mide por la vida concreta de las mujeres: por su tiempo, su seguridad, su libertad y su capacidad real de participar en condiciones de igualdad. Ser progresista hoy tendría que implicar combatir la violencia contra las mujeres, garantizar la paridad efectiva, reconocer, reducir las cargas y redistribuir los cuidados, proteger los derechos sexuales y reproductivos y asegurar autonomía económica de las mujeres.
La presencia de Sheinbaum en Barcelona será leída en ese contexto. No solo como asistencia a una cumbre internacional, sino como una oportunidad para responder una pregunta incómoda: frente a la ultraderecha global, ¿la 4T está dispuesta a defender derechos, limitar el poder y tomarse en serio la igualdad? Ahí se juega su credibilidad.
