Faltaron organizaciones, pero se llevó una radiografía de la situación. Vino, sobre todo, a mirar de frente una crisis que México no puede seguir administrando como si se tratara sólo de cifras, expedientes o discursos.
La visita a México de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no fue protocolaria. Fue una señal política internacional de primer orden. La máxima autoridad de derechos humanos de la ONU vino a escuchar a autoridades, víctimas, organizaciones, familias de personas desaparecidas, pueblos indígenas, defensoras, periodistas y organismos públicos.
El contexto importa. Días antes, el Comité contra la Desaparición Forzada solicitó al Secretario General de la ONU llevar a la Asamblea General la situación de desapariciones forzadas en México, conforme al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. No es un procedimiento menor: el Comité consideró que existe información con indicios fundados de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática en distintos momentos y regiones del país.
Ese matiz debe asumirse con seriedad. No se trata de una sentencia ni de un tribunal internacional que sustituya a las autoridades mexicanas, ni a otros mecanismos de la ONU. Es un mecanismo excepcional que busca movilizar atención, cooperación técnica, apoyo financiero y acompañamiento internacional frente a una tragedia que el Estado mexicano no ha logrado resolver. Los derechos humanos no son una intromisión extranjera; son obligaciones que México aceptó soberanamente.
En su declaración final, Türk reconoció avances: una sociedad civil activa, el papel de las familias y colectivos de búsqueda, la secretaría de las Mujeres, la paridad constitucional y algunos elementos del marco legal mexicano. Pero el centro de su mensaje fue otro: las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos de derechos humanos en México; causan sufrimiento prolongado a las familias y erosionan profundamente la confianza entre población y Estado.
Ahí está el punto de fondo. La desaparición no termina el día en que alguien no regresa. Se prolonga todos los días en la incertidumbre, en las búsquedas, en las carpetas que no avanzan, en los restos sin identificar, en las madres que excavan, en las familias que se convierten en investigadoras porque las instituciones no llegan o llegan tarde. Es una violencia que suspende la vida y rompe el vínculo más elemental entre ciudadanía y Estado: la obligación de proteger, buscar, investigar y garantizar justicia.
La crisis tiene, además, un rostro profundamente feminizado. En buena parte del país, son mujeres quienes sostienen las búsquedas: madres, hermanas, hijas, esposas. Ellas enfrentan negligencia institucional, riesgo en territorio, revictimización y desgaste emocional. No basta con reconocer su valentía. Hay que protegerlas, escucharlas y garantizar que su experiencia esté en el centro de las decisiones públicas.
Lo que debe ocurrir después de esta visita es muy concreto. México debe abrirse a la asistencia técnica y financiera que pueda derivarse del proceso ante la Asamblea General: apoyo para búsqueda, identificación forense, investigación de patrones, análisis de vínculos entre autoridades y crimen organizado, protección de familias buscadoras y fortalecimiento de fiscalías y comisiones de búsqueda. No se trata de ceder soberanía. Se trata de usar todos los instrumentos disponibles para enfrentar una tragedia que ha desbordado las capacidades institucionales.
