Desaparecer en México no es solo faltar. Es quedar suspendido entre la ausencia y la incertidumbre; es romper una vida, una familia y una comunidad entera.
Para quienes buscan, la desaparición no termina el día de los hechos: se repite en cada fiscalía que no investiga, en cada registro incompleto, en cada autoridad que minimiza, en cada cuerpo sin identificar, en cada noche sin respuesta.
En ese sentido no se trata de que el Estado ordene desaparecer personas, como sostienen los gobiernos de Morena, sino cuando esa desaparición ocurre con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, entonces hablamos de una falla estructural del Estado, acumulada durante décadas.
Hay momentos en que un país tiene que mirarse de frente, aunque duela. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de activar el procedimiento del artículo 34 y solicitar que la situación de México sea llevada a la Asamblea General no es un gesto menor ni una exageración retórica. Es una señal de alarma internacional frente a una tragedia que por años las familias, las madres buscadoras y las organizaciones han nombrado con valentía, mientras el Estado oscila entre la insuficiencia, la omisión y la negación.
El sentido del artículo 34 conviene explicarlo bien. La Convención establece que, si el Comité recibe información con indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un Estado parte, puede llevar el asunto con carácter urgente a la Asamblea General de Naciones Unidas. México aceptó ese mecanismo al firmar y ratificar la Convención, junto con obligaciones claras: prevenir la desaparición forzada, investigarla, sancionarla, buscar a las personas desaparecidas, garantizar verdad y reparación, y someterse a supervisión internacional.
El artículo 34 no equivale a una condena automática ni a una sanción penal internacional. No es una sentencia, pero sí es un acto gravísimo de advertencia política. Lo que el Comité está diciendo es que existen elementos suficientemente serios para que la Asamblea General conozca la situación de México y valore medidas de apoyo, cooperación técnica y asistencia especializada. Entre las acciones mencionadas públicamente están el fortalecimiento de las búsquedas, las capacidades forenses, las investigaciones sobre posibles vínculos entre servidores públicos y crimen organizado, así como mecanismos eficaces de verdad y protección para las familias y quienes las acompañan.
En esa lógica, resulta muy pertinente lo señalado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México: la decisión del Comité abre la posibilidad de fortalecer una política integral contra las desapariciones. Es decir, puede ser el punto de partida para robustecer capacidades de búsqueda, identificación forense, investigación penal, verdad, reparación y protección a las familias. También Jacobo Dayán ha insistido en algo fundamental: este no es solo un problema de gobierno, sino un problema de Estado, de estructuras de impunidad y de tolerancia histórica frente a redes criminales y complicidades institucionales.
La verdadera afrenta no es que la ONU observe a México; la afrenta lleva años cometiéndose contra las personas desaparecidas y contra quienes las siguen buscando. Si el artículo 34 sirve para que el Estado mexicano deje de administrar la crisis y empiece a enfrentarla con la seriedad, y la urgencia que merece, entonces esta decisión histórica puede convertirse no solo en una alarma, sino en una posibilidad real de cambio.
