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El 8 de marzo volvió a llenar las calles de México. Miles de mujeres marcharon en distintas ciudades del país para recordar que la lucha por la igualdad no es un asunto del pasado ni una agenda resuelta. Cada año, el 8M deja imágenes poderosas, consignas que se repiten y otras que emergen con fuerza.
Quienes hemos asistido a esas marchas, las vivimos con júbilo que nos llena de energía y emoción al ver a tantas mujeres en las calles que nos demuestran que cada lucha ha valido la pena. Pero, hay que decir que el 8M también deja pendientes.
Uno de los más evidentes es escuchar con mayor atención lo que hoy están diciendo las jóvenes feministas. Muchas de ellas crecieron en un país que ya hablaba de igualdad de género, que permitía leyes contra la violencia y que incluso alcanzaba la paridad en los cargos de representación política. Sin embargo, su experiencia cotidiana sigue marcada por el miedo, la precariedad y la violencia. Los casos recientes de Kimberly Ramos Beltrán y Karol Toledo, ambas estudiantes en Morelos, son un recordatorio doloroso de esa distancia entre los avances formales y la realidad brutal que siguen enfrentando muchos jóvenes.
Cuando las jóvenes marchan, gritan y exigen justicia, lo hacen también desde esa herida: porque saben que en este país la promesa de igualdad todavía convive con el riesgo real de ser desaparecidas o asesinadas. Por eso sus consignas son directas: no quieren discursos, quieren cambios reales en sus vidas.
Este año hubo una presencia que recordó con fuerza la dimensión más dolorosa de la crisis que vive el país: la de las madres buscadoras. Muchas de ellas marcharon con las fotografías de sus hijas, hijos o familiares desaparecidos. Ellas no planearon convertirse en buscadoras. No eligieron dedicar su vida a recorrer desiertos, fosas clandestinas o instituciones indiferentes. La violencia y la impunidad las obligaron.
Lo mínimo que un Estado democrático debería garantizarles es protección. Pero, sobre todo, deberíamos garantizarles justicia y verdad. Su lucha no debería recaer en sus propios hombros. Encontrar a las personas desaparecidas, investigar los delitos y sancionar a los responsables es una obligación del Estado, no una tarea que las familias deben asumir en soledad y arriesgando su vida.
El contraste entre el discurso institucional y lo que se grita en las calles también fue evidente. Desde el poder se insiste en que México vive un momento histórico para lasmujeres, y sin duda hay avances importantes. Pero en las marchas se recordó que la igualdad formal no ha eliminado las desigualdades estructurales ni la violencia que enfrentan millones de mujeres todos los días. Las pintas, los carteles y los testimonios que recorrieron las avenidas hablan de una deuda que sigue abierta.
Este 8M tiene además un significado político particular: ocurre en un país gobernado por una mujer. La presencia de mujeres en el poder es un logro de décadas de lucha feminista. Pero la representación, por sí sola, no resuelve los problemas. Gobernar con perspectiva de género implica reconocer los pendientes, escuchar las críticas y convertir las demandas en políticas públicas efectivas.
El 8 de marzo nos recuerda cada año que los derechos conquistados nunca son definitivos y que las agendas pendientes siguen ahí. Escuchar lo que dicen las jóvenes, atender las demandas que se expresan en las calles y responder a la exigencia de justicia de las madres buscadoras es parte de la tarea que no puede postergarse. Porque el sentido más profundo del 8M no está en la conmemoración, sino en la responsabilidad que deja para los otros 364 días del año.