El inicio formal del proceso electoral federal 2023-2024 ocurrió en un entorno complejo, donde las alianzas políticas, conforme a sus procesos políticos internos, avalados por las autoridades electorales, decidieron que el 2 de junio del próximo año tendremos una elección entre mujeres. Son más de 20 mil cargos en disputa, en torno a la renovación de la presidencia y de nueve gubernaturas, con listados nominales superiores a los 98 millones de personas y la expectativa de instalar alrededor de 168 mil casillas.

La dimensión logística de los comicios concurrentes pondrá a prueba los aparatos técnicos de instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales en todo el país. Hay suficiente experiencia y capacidad instalada para organizar y revisar la legalidad de las elecciones. El punto central del debate no está en la parte operativa, si no en el arbitraje político y en la conclusión de temas pendientes vinculados a la selección de las figuras que coordinan los movimientos de las alianzas.

Al INE le corresponde concluir la fiscalización de los mecanismos implementados para la alianza gobernante y por el Frente Amplio por México, para saber si se cumplieron las reglas y las restricciones establecidas sobre los límites máximos de gastos y lo que se podía y no hacer y decir. Se advierte mucho más complicado el proceso de Morena, PT y PVEM que el del FAM, habida cuenta de las campañas de colocación de espectaculares, pintas de bardas, campañas en redes sociales y el visible acarreo a los actos multitudinarios de la y los aspirantes oficialistas, agravados por las denuncias de Marcelo Ebrard, que exigen atención oficiosa del INE y el emplazamiento para que ofrezca pruebas, sobre todo por su demanda reiterada sobre la movilización de personal adscrito a la Secretaría del Bienestar y las diversas investigaciones periodísticas que podrían adminicularse y que evidencian apoyos ilegales de gobiernos estatales y del federal.

En medio de esta vorágine, el INE vivió un desencuentro por la integración de comisiones y sus respectivas presidencias. Se trata de uno de los temas de mayor relevancia para la institución, tanto en la parte de la logística como en la del arbitraje del proceso ante posibles violaciones a la normativa electoral y la fiscalización de ingresos y gastos de partidos, precandidatos y candidatos.

Llama la atención que la presidenta tuvo que decretar un receso por varias horas para propiciar los consensos necesarios y aprobar las integraciones que generaron polémica, entre otras, la Comisión de Quejas y Denuncias como la de Fiscalización, dado que ambas son vitales para el funcionamiento de la institución. La de Quejas porque tiene a su cargo una parte vital del arbitraje del proceso a través de la atención a solicitudes que recibe para dictar medidas cautelares, tema que, del mes de abril a la fecha, ha generado decisiones polémicas, varias de las cuales fueron corregidas por el tribunal, ante negativas para concederlas de la mayoría de las y los integrantes de la anterior composición, como el famoso anuncio de López Obrador de su plan C y sus efectos en las elecciones locales de Coahuila y Estado de México.

Debatir en el INE no es nuevo, ciertamente es consustancial a su vida interna. Las y los consejeros lograron sortear con éxito el diferendo, pero queda la preocupación por posibles divisiones internas no deseables en un momento tan relevante para el país, en el que se necesita de su experiencia, capacidad y vocación democrática para garantizar certeza y autenticidad de los procesos electorales. La nueva Comisión de Quejas se estrenará con las denuncias por la entrega del bastón de mando, que más allá del simbolismo real en la invención de López Obrador, podría implicar violaciones al artículo 134 constitucional.