@velediaz424
Los servicios de inteligencia militar tienen documentado antes del inicio del sexenio López Obrador y durante su gestión, cómo las organizaciones criminales como La Familia Michoacana (LFM) obligan a presidentes municipales en su área de dominio a pagar “cuota” como parte del “impuesto” por dejarlos administrar y prestar servicios. El caso de la Tierra Caliente en el sur del Estado de México, donde hace un par de semanas se realizó la “Operación Liberación” en 14 municipios donde se detuvo a ocho personas y desmanteló una red financiera, no son los únicos. En la misma región, pero en los municipios del estado de Guerrero, los casos se multiplican y son similares por el control que tienen de policías municipales, el comercio, las cadenas de producción y distribución de bienes, espectáculos y hasta fiestas patronales.
En mayo del 2018 Zoila Huerta Loza era presidenta municipal de Texcaltitlán, el poblado del Estado de México que en diciembre del 2023 fue noticia internacional por el linchamiento de 14 criminales a manos de la población que estaba harta del cobro “de piso”, y en una conversación telefónicas con uno de los operadores de LFM que era vigilado por inteligencia militar, dijo que ya había entregado un millón 418 mil pesos de “cuota mensual” que los ayuntamientos debían entregar a los líderes del grupo criminal, los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga. La sombra de ambos individuos estuvo presente el pasado miércoles 23 de julio cuando el gabinete de seguridad federal anunció los resultados de la “Operación Liberación”.
Ese mismo día en Washington se realizó una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense donde se analizó la ruta del gobierno de Claudia Sheinbaum en su estrategia contra los cárteles de la droga. La sesión estuvo presidida por el republicano Jim Risch, el senador conservador más influyente en política exterior y presidente del Comité, quien dijo que sería un error no reconocer las recientes medidas “positivas” que México ha tomado. Estos son “pequeños pasos” en comparación con lo que se necesita hacer. Advirtió que los cárteles han desafiado al gobierno mexicano y la situación no mejora, por el contrario, empeora.
En la sesión compareció Vanda Felbab-Brown, quien ha recorrido el noroeste del país en sus investigaciones para el Instituto Brookings donde dirige la Iniciativa Sobre Actores Armados No Estatales. Recordó que los cárteles ampliaron su dominio apoderándose de la pesca legal e ilegal, la agricultura, la venta minorista de alcohol y cigarrillos, el tráfico de fauna silvestre, lo cual les facilita el pago de precursores químicos de Asia para producir fentanilo. Con López Obrador, México “socavó” los esfuerzos para aplicar la ley y desactivó la cooperación antidrogas con Estados Unidos. Esto originó que los cárteles controlaran más territorios, economías legales, la población, los cargos políticos, las instituciones y administraciones gubernamentales.
Sheinbaum revitalizó los esfuerzos contra grupos criminales, pero adolece de recursos adecuados. Se necesita un “esfuerzo integral y sostenido” que desmantele y procese de forma eficaz la “capa operativa intermedia de los grupos criminales”, esencial para debilitar de forma permanente a la delincuencia en México. Esa capa pasa por los políticos vinculados a los cárteles.
