Por Joaquín Alva Ruiz-Cabañas
El cambio de paradigma es que las personas con discapacidad dejen de ser personas sujetas de la caridad, de la carencia, para asumirse como personas que eligen por sus derechos en igualdad de condiciones que los demás.
En conjunto, ambos programas suman un gasto de 385,920 millones de pesos al año.
Han transcurrido 33 años en el que la Asamblea General de la ONU proclamó el día internacional de las Personas con Discapacidad (3/12/1992), pero más relevante es que han pasado 18 años en el que se ratificó La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (17/12/2007). ¿Qué avances ha tenido el colectivo de personas con discapacidad y el Estado mexicano con respecto al tratado internacional?
Un cambio de paradigma es lo que instruye la Convención. Explícitamente, en el Preámbulo inciso e del tratado internacional, señala que los Estados Parte deben reconocer que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Implícitamente la Convención incita a que las personas con discapacidad tomen conciencia y se reconozcan a si mismas como personas sujetas de derechos y obligaciones; sobre todo, alude al valor de la igualdad de condiciones con los demás.
La toma de conciencia es el primer paso para emigrar hacia la reciente idea de la discapacidad. En México ha sido improbable pasar hacia un entendimiento con la joven propuesta de la Convención. En 18 años al Estado mexicano y al colectivo de personas con discapacidad les ha hecho falta atención, intención y emoción para acoger el enfoque esencial de la discapacidad.
La historia de Mexico con la discapacidad está arraigada en la alta correlación: caridad y pobreza. México es un país asistencialista por excelencia. Las políticas públicas y leyes implementadas por el Estado mexicano hacia las personas con discapacidad, invariablemente son de un corte médico-asistencialista. La dádiva, como una silla de ruedas, un bastón blanco o un aparato auditivo, se convirtió en el sello puntual de apoyo a las personas con discapacidad por muchos años. No es casualidad, la carencia a cambio de la caridad en los Sistemas Locales y Nacional del DIF; una práctica constante que entretiene a un gran número de personas. ¿Cuantas sillas de ruedas, bastones blancos y aparatos auditivos donó el Estado mexicano durante 80 años? La práctica persistente de la caridad es lo único que ha pensado y experimentado el Estado mexicano, y también la mayoría de las personas con discapacidad.
La ineptitud del Estado mexicano, reflejada en las políticas públicas y leyes asistencialistas, es la principal barrera que impide a muchas personas con discapacidad reflexionar o tener audacia para elegir por sus derechos en igualdad de condiciones. La política pública dadivosa que ha ejecutado el Estado mexicano por muchos años, se convirtió en una fuerte adicción emocional para millones de personas. Sin embargo, la Persona con Discapacidad es la responsable de optar por esas ayudas a cambio de sus derechos y el valor de la igualdad.
Durante poco más de una década (2008 a 2019), el Estado mexicano intentó tenuemente comprometerse con la voz del tratado. Algunas organizaciones de personas con discapacidad tuvieron cierta apertura y ánimo por hacerse visibles. El colectivo mostró esperanza y lucha. “Nada de Nosotros, sin Nosotros” es el lema al que el Estado mexicano reaccionó con la limitada implementación de políticas públicas en materia de censo de población, deporte, educación, electoral, justicia, laboral y salud. Pero con absoluta estupidez mantuvo muchas barreras físicas y de actitud que generan discapacidad, anulan la garantía plena de los derechos y eliminan la igualdad de condiciones. Tenemos como ejemplo a el CONADIS. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad nació como una reacción limitada del Estado mexicano. Hoy CONADIS enfrenta una paralización institucional, sin presupuesto y sin capacidad para cumplir sus funciones de política pública en favor de las personas con discapacidad.
Once años pasaron, el progreso fue escaso. En lo esencial, México no reflexionó sobre la gran oportunidad de adoptar el inédito molde de la Convención. Al Estado mexicano lo abrumó el miedo al cambio, a las personas con discapacidad les faltó osadia. A los dos les hizo falta determinación, y ambos desestimaron la toma de conciencia social como el primer paso para transitar hacia el pensamiento y la emoción del nuevo modelo de la discapacidad.
Hoy se cree que en México hay un “estatus acotado” para las personas con discapacidad, un cambio aunque sea limitado, dicen por ahí. El Estado mexicano, aún ignorante del arquetipo de la discapacidad, muestra su ferrio apego al pasado de la dádiva, y la encaja aún más al perpetuarla como asistencialismo constitucional. Con refuerzo en las Leyes Asistenciales e impuestas en la Constitución, se condena hacia la práctica de la pobreza y sin derechos ni igualdad para el colectivo. La situación del asistencialismo se agudiza porque los recursos son limitados. Las únicas políticas públicas que persiste en sostener el Estado mexicano es la carencia de derechos y la desigualdad, ante la pírrica pensión del bienestar:
En 2025, el presupuesto destinado en México a las personas con discapacidad se concentra principalmente en dos pensiones del programa Bienestar. La primera es la Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores, que incluye a 9.6 millones de adultos mayores con discapacidad, un grupo que representa 48% de toda la población con discapacidad del país. Cada beneficiario recibe 6,200 pesos bimestrales, lo que implica un gasto de 59,520 millones de pesos por cada bimestre. Al multiplicarlo por los seis bimestres del año, el costo anual asciende a 357,120 millones de pesos.
La segunda es la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, dirigida a 1.5 millones de personas menores de 30 años, principalmente de escasos recursos y en situación de marginación. Este grupo representa 7.5% del total de personas con discapacidad. Cada beneficiario recibe 3,200 pesos bimestrales, lo que equivale a 4,800 millones de pesos por bimestre, y un total de 28,800 millones de pesos anuales.
Sin embargo, esta inversión no cubre a toda la población con discapacidad del país. De acuerdo con el Inegi (Censo 2020), en México hay 20 millones de personas con discapacidad, de las cuales 8.9 millones —el 44.5%— no reciben ninguna pensión, ni acceden a derechos o condiciones de igualdad básica. Esto revela una brecha importante en la cobertura y la protección social para este colectivo.
El drama no está en recibir una beca, la tragedia está en que el Estado mexicano ya no atiende a la garantía de los derechos. Por lo tanto, la igualdad de condiciones se convierte en un inviable anhelo para toda la sociedad mexicana. Hoy el Estado mexicano imita una ayuda, que en realidad es un ejercicio a manos vacías muy arraigado en el pensamiento y emoción del colectivo y de la sociedad en general.
Yo creo en la Convención. Yo quiero creer en el Estado mexicano. Considero que el Poder Ejecutivo cuenta con todos los elementos para enfocarse con intención de tomar conciencia, contribuir y promover el fresco paradigma de la discapacidad en México. Yo quiero desear al más alto nivel del Poder Legislativo que se permita poner atención en generar las leyes y normas de políticas públicas que garanticen la igualdad de derechos para las personas con discapacidad. Yo quiero ver que desde lo más alto de la tribuna del Poder Judicial se de certeza, y aporte el mejor entendimiento de la Convención para el bienestar de toda la sociedad mexicana. Pero sobre todo, yo quiero pensar en un Estado mexicano capaz de sostener siempre la emoción de la gratitud hacia las personas con discapacidad.
Yo creo en el colectivo de personas con discapacidad, y soy parte de él. Me parece que para reemplazar la realidad de caridad y pobreza que invade al colectivo: las personas con discapacidad cuentan con la disposición de su atención e intención que los lleve a experimentar la abundancia y salud que se merecen. El colectivo puede enfocarse en tomar plena conciencia de ser personas con valores y pensamientos propios, dejar de sentirse víctimas del Estado mexicano y de su entorno. Y lo más relevante es que las personas con discapacidad sientan toda la emoción al elegir por sus derechos y vivir con gratitud la igualdad de condiciones que les rodea.
