La autonomía constitucional en México es uno de los avances institucionales más relevantes de nuestra historia reciente y, al mismo tiempo, una de las figuras más controvertidas del constitucionalismo contemporáneo. En el término jurídico de autonomía hay paralelismos, pero no siempre son sinónimos institucionales.

Su objetivo formal —blindar ciertas decisiones públicas frente al vaivén político y a la captura de los gobiernos— se ha visto, en la práctica, distorsionado por la introducción de intereses privados y por la falta de rendición de cuentas, configurando una paradoja: autonomías diseñadas para fortalecer al Estado, pero instrumentalizadas para debilitarlo.

El constitucionalismo mexicano nació sin autonomías. La Constitución de 1917 concibió un Estado fuerte, centralizado, con instituciones jerárquicas dependientes del Poder Ejecutivo. No fue sino hasta finales del siglo XX y principios del XXI cuando surgió la idea de que determinadas funciones —electorales, monetarias, de transparencia, reguladoras o de persecución penal— debían sustraerse al control político para garantizar imparcialidad y técnica especializada. Influencias de modelos extranjeros, como el Banco Central de Estados Unidos, los reguladores europeos y las agencias anticorrupción latinoamericanas, impulsaron esta reforma ideológica: el Estado debía autorregularse desde dentro, creando contrapesos permanentes.

Así nacieron organismos como el Banco de México, con autonomía constitucional en 1994; el Instituto Federal Electoral —hoy INE, tras su evolución institucional— como referente de independencia electoral; la Auditoría Superior de la Federación, separada del Ejecutivo y dependiente del Congreso; el Inai como árbitro de transparencia; la Cofece y el IFT como autoridades económicas; las universidades autónomas son cosa aparte; y posteriormente las fiscalías que sustituyeron a las antiguas procuradurías. Otras figuras, como el Instituto Federal de Acceso a la Información (previo al Inai) y algunos organismos reguladores sectoriales, han sufrido cambios, fusiones o pérdidas de atribuciones. La lógica común: evitar la captura gubernamental de decisiones técnicas y estratégicas.

Sin embargo, la autonomía no es un fin en sí mismo, sino un medio. Y cuando el medio se convierte en excusa, la arquitectura institucional se pervierte. Bajo el discurso de la autonomía se introdujeron mecanismos de designación con fuerte influencia partidista y, sobre todo, bajo presión de grupos económicos que encontraron en estos órganos un espacio privilegiado para capturar decisiones públicas sin someterse al escrutinio democrático. Lo que debía ser garantía técnica se volvió terreno fértil para intereses corporativos.

En materia de seguridad y justicia, la situación es más grave. La transformación de la PGR en Fiscalía General de la República y la creación de fiscalías autónomas estatales aspiraban a romper la subordinación al Ejecutivo, profesionalizando la investigación penal. Pero en los hechos, la autonomía no eliminó la captura política: la desplazó. Algunas fiscalías quedaron en manos de grupos locales de poder por largos periodos, incluso más allá de los sexenios, con incentivos para proteger intereses criminales o políticos antes que los derechos de las víctimas.

Los casos históricos de Guanajuato y Morelos fueron emblemas de esa disfuncionalidad. Fiscalías supuestamente autónomas que fueron incapaces de contener la violencia y la corrupción. En Guanajuato, la autonomía se tradujo en el gobierno anterior, en un blindaje personalista en medio de una crisis de homicidios dolosos sin precedentes; en Morelos, se permitió el enquistamiento de intereses particulares que bloquearon cualquier intento de renovación institucional. No respondieron en su momento, ni al gobernador, ni al Congreso, ni a la sociedad. Fueron instituciones que confundieron independencia con aislamiento, y libertad operativa con ausencia de controles. Lo que debió ser una herramienta del Estado se volvió guarida de poder personal. Por ello se debe repensar la continuidad de ese modelo institucional.

En otros sectores ocurre lo mismo: se defendió la autonomía del IFT y la Cofece como si se tratara de la soberanía misma de la nación, cuando en realidad gran parte de sus decisiones han favorecido modelos de mercado que benefician a los grandes actores privados, no a los consumidores ni al desarrollo tecnológico nacional. El Inai —concebido para proteger al ciudadano frente al poder— terminó por imponer al Estado cargas administrativas excesivas mientras ignoraba a poderes fácticos no gubernamentales que también lesionan derechos. La autonomía mal entendida produce élites burocráticas sin control político y sin responsabilidad social.

El debate de fondo no es si deben existir organismos autónomos. La cuestión democrática es: ¿autonomía para quién, para qué y bajo qué controles? La experiencia comparada enseña que la autonomía solo funciona cuando se equilibra con una supervisión democrática robusta, con transparencia radical de sus procesos internos, con evaluación periódica de resultados y con límites temporales a nombramientos que impidan el enquistamiento de intereses privados.

En México, la autonomía se adoptó bajo el paradigma de la “desconfianza al Estado”, lo que fragmentó la capacidad institucional pública y permitió que determinados órganos se convirtieran en micro-Estados dentro del Estado. Autonomías sin contrapesos son, en realidad, soberanías privadas.

Hoy hay que afirmar la autonomía como protección técnica, pero devolver a la nación toda la rectoría de sus áreas estratégicas: la seguridad, la transparencia, la competencia económica y los procesos electorales no pueden estar al servicio de cotos burocráticos. La responsabilidad pública no desaparece por decreto; se transforma en una obligación aún mayor.

La autonomía constitucional fue concebida como motor de democratización. Para que lo siga siendo, debe recuperar su esencia: servir al pueblo, fortalecer la República y garantizar que ninguna decisión pública escape, bajo ningún pretexto, a la rendición de cuentas. Solo así, la autonomía dejará de ser coartada de intereses ajenos a México y recuperará su sentido como pilar de un Estado verdaderamente democrático.