El juicio de amparo constituye la piedra angular del constitucionalismo mexicano. Como lo señalaba mi querido maestro, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela en su obra clásica El Juicio de Amparo (Porrúa), se trata de la institución procesal “más eficaz para la defensa de las garantías individuales”.

Su razón de ser radica en proteger al ciudadano frente a los actos arbitrarios de las autoridades, sirviendo como un contrapeso directo frente al poder del Estado. No es un recurso ordinario, sino un mecanismo de defensa que convierte a la Constitución en norma viva, garantizando que no sea letra muerta. La naturaleza del amparo es, en esencia, la de un escudo jurídico que blinda al individuo frente a los excesos de la autoridad.

En contraste con este espíritu garantista, la iniciativa de reforma impulsada por la Presidenta exhibe una clara motivación política. Durante su conferencia matutina, la mandataria presentó tres supuestos objetivos. Me referiré a dos de ellos: otorgar mayor celeridad a los procesos; eliminar la suspensión del acto reclamado, poniendo el ejemplo de casos de delitos que involucran recursos económicos, bajo el argumento de que los acusados podrían vaciar sus cuentas al beneficiarse de la figura de la suspensión.

Estos argumentos dejan ver que la propuesta no busca beneficiar al ciudadano, sino fortalecer el poder de la autoridad frente al ciudadano probable responsable de un delito. La suspensión, concebida como una protección inmediata ante posibles violaciones constitucionales, sería debilitada, dejando al afectado en un estado de indefensión. La reforma, más que modernizar, apunta a ampliar el margen de maniobra del Estado en detrimento de los derechos fundamentales, lo que desvirtúa la naturaleza misma del amparo definida por Burgoa.

Tomando en cuenta el precedente del 2011 y la regresión intentada, no debemos olvidar que, en 2011, México dio un paso histórico al reformar integralmente el juicio de amparo, introduciendo el control difuso de constitucionalidad. Con esta medida, cualquier juez está facultado para inaplicar normas contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales de derechos humanos. Este avance convirtió a México en referente mundial en la materia, al consolidar un modelo que fortalecía al ciudadano por encima de los abusos de autoridad.

Este retroceso convertirá a México en referente internacional, pero ahora, de lo que no se debe hacer en materia de derechos humanos. Debilitar la suspensión implica retroceder en la consolidación de garantías, vaciando de contenido los avances logrados en 2011. El riesgo es claro: perder legitimidad democrática en el plano interno y credibilidad en el escenario internacional.

Es importante hablar, también del incumplimiento de los tratados internacionales. Uno de los aspectos más graves de la reforma es que colocaría a México en incumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ambos instrumentos establecen la obligación de garantizar recursos judiciales efectivos contra actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales.

Restringir la suspensión del acto reclamado vacía de eficacia a dicho recurso, pues la autoridad podría ejecutar sus actos incluso cuando son inconstitucionales. Este escenario coloca a México en contradicción con el sistema interamericano y con su compromiso histórico como país que se erigió en defensor de los derechos humanos tras la reforma de 2011.

El juicio de amparo, tal como lo concibió Burgoa, no pertenece al gobierno ni a la autoridad: pertenece al pueblo. Desvirtuar su naturaleza equivale a romper con el equilibrio constitucional y con los compromisos internacionales que México ha asumido. La reforma no es un avance, sino una involución que exhibe al país como un Estado que, en lugar de proteger a sus ciudadanos, fortalece el poder autoritario frente al individuo. La cara de México al mundo, en este contexto, no sería la de un referente democrático, sino la de un estado autoritario.