La verdadera obligación moral del Estado es garantizar procesos justos, eficaces y humanos. El precio de la ineficiencia de un sistema que parece olvidar que la justicia, cuando tarda demasiado, ya no es justicia es enorme en todos los sentidos.
Licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Derechos Humanos. Co-fundadora y Presidenta de Proyecto Justica Humanitaria A.C.
Israel Vallarta quedó libre tras dos décadas de enfrentar un proceso de privación de la libertad por delitos graves. Se concluyó que no se acreditó su responsabilidad penal en delitos como secuestro, delincuencia organizada y posesión ilícita de armas, tras una detención de la mano de un montaje televisivo que hoy es uno de los episodios de corrupción judicial y abuso policiaco en México más conocidos.
El fiscal Alejandro Gertz Manero, anunció que la Fiscalía General de la República apelará la absolución de Vallarta, argumentando que hay seis víctimas de secuestro, cuyos derechos no pueden quedar sin defensa por lo que la libertad de Vallarta permanece en suspenso. Así, se abre la posibilidad de que Vallarta vuelva a prisión, incluso frente a la falta de pruebas sólidas en su contra, que ya fueron desestimadas.
¿Cómo se imparte la justicia en México? La paradoja en la cual quiero centrar el argumento del presente texto se presenta así: el sistema judicial que lo tuvo detenido sin pruebas ni sentencia hoy intenta retenerlo, en una dinámica de contradicciones a la justicia, porque la justicia no es privar de libertad a una persona 20 años sin sentencia, porque la justicia no puede ser sino expedita, porque la justicia no puede malabarear. La justicia si es tardía, se convierte en castigo y si es confusa, se transforma en arbitrariedad.
La prisión preventiva oficiosa se planteó como una excepción y no una regla, pero funciona como una máquina de inocentes encarcelados. Hoy, más del 40% de la población penitenciaria en México no tiene sentencia. ¿Qué pasa con aquellos que sus casos no tienen embajadas que los respalden, ni abogados con acceso a reflectores y están en manos de un aparato de justicia rebasado?
Si alguien es responsable del delito que se le imputa, la justicia debe actuar con rapidez; y si no lo es, igual. No es aceptable que un caso se investigue durante décadas para terminar en absolución y luego reabrirlo, como si la libertad fuera negociable. La justicia debe ser expedita tanto para castigar al culpable como para liberar al inocente. Lo que sea necesario hacer para garantizar justicia se debe hacer. No minimizo los enormes retos ni la complejidad de actuar de esta manera: impartir justicia en un sistema saturado y con recursos limitados es un desafío realmente complicado. Pero precisamente por eso es imprescindible asumir la tarea, porque Israel Vallarta no es un caso aislado. Hay miles de personas cuya libertad depende de que se respete la premura y la certeza en los procesos judiciales, y cada demora es un eslabón de violaciones a derechos humanos.
