Las épocas electorales traen consigo todo tipo de estrategias con el único objetivo de alcanzar el poder.
La eliminación de los tipos penales como delitos en nuestro país, derogó de los códigos penales todo un Capítulo que se denominaba “Delitos contra el honor”.
En ella, el Presidente López Obrador, evidentemente negó cada una de las preguntas insidiosas remitidas por la periodista Natalie Kitroeff.
Reza el viejo dicho “en la guerra y en el amor, todo se vale”, bajo esa premisa, se convierte la condición en una guerra de pastelazos donde lo que menos se avienta es merengue, la mierda más maloliente sale disparada utilizando un ventilador de por medio. Las calumnias y difamaciones que hoy en nuestro país no son perseguibles por la vía penal más que en 6 entidades de la república son los vehículos diseñados por la oposición mexicana para atacar al principal líder político y Jefe del Ejecutivo Federal, Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue una secuencia donde la Organización de los Estados Americanos instó a sus países miembros para eliminar cualquier forma de persecución y violación a la libertad de prensa, y evitar con ello que los periodistas fueran perseguidos por emitir investigaciones donde pudiera amenazarse la noble labor del periodismo. La mayoría de países miembros firmaron un acuerdo internacional para eliminar de las legislaciones nacionales tal condición. México lo asumió y a partir de abril de 2007, salvo en 6 entidades federativas, los que difamen no tienen responsabilidad penal por ello.
Aunque el daño está hecho, y sin mayor recato, algunos comunicadores y pseudoperiodistas han hecho de sus plumas, micrófonos y cámaras, un arma contra personas, instituciones públicas y privadas, para convertir sus “investigaciones” traducidas en columnas, artículos, notas periodísticas y su replicación en redes sociales, en dardos envenenados repletos de mentiras absurdas que tienen un valor económico, político y social en muchos ceros en dólares.
Esta conducta mercantilista ha intentado incluso distorsionar la muy buena relación bilateral que hay con Estados Unidos, en un intento más se acusó desde la prensa nacional, que tiene tentáculos de complicidad en la internacional, una supuesta investigación del gobierno de los Estados Unidos en contra del Presidente López Obrador, familiares y colaboradores, sobre nexos con el narcotráfico. El medio estadounidense New York Times fue ahora el conducto que hizo notar esa investigación. Envió al Vocero de la Presidencia un cuestionario para ser respondido previo a su reportaje, el Presidente decidió hacerlo a través de la rueda de prensa diaria conocida como “Mañanera”.
En su edición vespertina del día de ayer, el New York Times, aceptó que no hay cómo corroborar ninguna imputación al Presidente López Obrador, familiares y colaboradores de su gobierno, conforme a su propia investigación, y la corroboración ante las autoridades norteamericanas, por lo que una vez más el insistente intento de la oposición para denostar al Gobierno de México es con fines político electorales.
En el propio artículo de investigación del New York Times, se establece claramente que el único caso real sobre funcionarios relacionados con el narcotráfico, está plenamente acreditado y corresponde al juicio seguido en contra de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien en poco tiempo será sentenciado como responsable de haber favorecido el tráfico de cocaína de México a los Estados Unidos, recibiendo millones de dólares de parte del Cártel de Sinaloa. Un boomerang resulta ser la difamación y la calumnia. En Estados Unidos sí tiene consecuencias penales y civiles difamar y calumniar.
