Para salvar al Estado democrático de derecho
Entendiendo ese poder ciudadano desde el punto de vista de nuestras libertades efectivas en el marco de un auténtico Estado democrático de derecho. Un país donde realmente opera el principio de legalidad.
Este es, en esencia, que, en un verdadero Estado de Derecho, los ciudadanos pueden hacer lo que la ley no prohíbe, mientras que las autoridades solo pueden hacer aquello que ésta expresamente les permite.
Ese principio asegura que el poder público en una democracia, como forma de delegación de autoridad y modelo de representación popular, se ejerza con límites legales, protegiendo así los derechos y libertades de los ciudadanos.
Que todos los actos de gobernantes y autoridades públicas, incluyendo la aplicación de leyes –y aun su expedición por nuestros representantes en el Legislativo, dado que estamos en un Estado constitucional, deben basarse en éstas y no en decisiones arbitrarias.
Una limitación para que no hagan un uso discrecional de la representación que les hemos otorgado temporalmente, y una protección para todos nosotros de la arbitrariedad.
Esto se ha confirmado con la elección judicial.
Así es: el futuro depende de una inmensa minoría. “Si supera el pasmo y pasa a la acción cívica, México podrá eludir la vía en la que estamos, que amenaza con ser larga, humillante, caótica y dolorosa”.
Las lecciones que deberían prevenirnos están a la vista: son Cuba y Venezuela. Suena exagerado, pero hay que ver al punto al que hemos llegado en la degradación de nuestra democracia con lo que vimos el 1 de junio y su trasfondo.
Efectivamente, hay que despertar. Empezar por volver a abrazar los principios de la democracia, con la convicción y ánimo de cambio que tuvimos no hace mucho.
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