Sin embargo, el desafío sigue siendo cuesta arriba y el impacto humano es inmenso, como lo expone el informe sobre México que acaba de publicar el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. No solo habla de una crisis continua, sino también de “indicios fundados” de probables crímenes de lesa humanidad, en la forma de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.

Aclara que, aunque no existen pruebas de una política estatal para cometer desapariciones y toma nota de la posición de nuestro gobierno de que son perpetradas por grupos delictivos, en algunas de las denuncias existe información que apunta “a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”. 

El Comité concluye que no hay muestras de una mejora en la situación, “las autoridades siguen desbordadas” y urgen reformas estructurales de prevención y rendición de cuentas. Y con esa base solicita remitir el caso a la Asamblea General de la ONU a fin de que considere medidas de apoyo al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes. 

Se nos ofrece una vía para acceder a cooperación técnica, asistencia especializada y aun apoyo financiero, por ejemplo, para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación de casos y posibles vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

Por lo pronto, el Gobierno Federal ha señalado que el informe es “tendencioso y falto de rigor jurídico”, y resulta aún más lamentable la reacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incongruente con su razón de ser, al repudiar las conclusiones y acusar de sesgo y falta de independencia al Comité de la ONU, a sus integrantes y, de paso, a ONGs como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

Este es un reto de nación, no solo del gobierno en turno. La instancia de la ONU observa y hace señalamientos sobre un Estado nacional, al margen del partido en el poder. No se puede tapar el sol con un dedo, y además, negar o minimizar los problemas suele agrandarlos y complicarlos más. Así ha sido en México y en todo el mundo.

Más que poner en el banquillo de los acusados al Estado mexicano, propone medidas tan sensatas como apremiantes: el caso de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad, así como la asistencia y protección a familias, organizaciones, madres y parientes que buscan a los desaparecidos. Una postura defensiva, aparte de innecesaria, distrae de la necesidad de atender problemáticas tan concretas como resolver el rezago en la identificación de cuerpos.

La cifra de personas desaparecidas supera las 130 mil, según organizaciones como Amnistía Internacional, que ha puesto de relieve el reto con este y otros datos apabullantes: una de cada mil personas en nuestro país está desaparecida; en cambio, hay apenas unas 4 mil carpetas de investigación relacionadas. La carga de búsqueda ha recaído en las familias, especialmente mujeres que enfrentan amenazas e incluso han sido asesinadas o desaparecidas.

El Comité no afirma que exista una política deliberada de desapariciones como en una “guerra sucia”, pero sí signos de patrones sistemáticos, como el reclutamiento forzado de jóvenes por el crimen organizado. En el combate a ello hay que ocupar más energías, no en pelearse con quienes desde fuera ven con preocupación la situación y quieren ayudar. 

El estudio que México Evalúa recién presentó como “Radiografía de la Impunidad: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal en México” expone las dimensiones de una de las causas-raíz fundamentales de la crisis: el 93% de los delitos no se denuncia y aunque casi 94% de las denuncias deriva en una carpeta de investigación, menos del 7% de los casos acumulados llega al ejercicio de la acción penal.