Corría 2014 y con un grupo de estudiantes pusimos en marcha un proyecto para documentar violencias contra mujeres en Veracruz. Ante la reciente entonces tipificación del delito de feminicidio en la entidad, estábamos dispuestos en analizar cuántos, cómo y bajo qué circunstancias se perpetraron.

Al menos esa era nuestra intención inicial. Cerramos ese año contabilizando setenta y cuatro feminicidios para el estado de Veracruz.

Fue hasta 2015 que se hizo pública la estadística oficial sobre este delito. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 413 casos para todo el país, de los cuales cuarenta se habían cometido en el estado de Veracruz. Nuestro proyecto registró 99.

Más allá de la diferencia en el número de vidas arrebatadas, al hacer una revisión llama la atención que diez años después y de acuerdo con el dato oficial, la entidad muestra el mismo número de feminicidios. Indigna, desde luego, que esto se vea como un triunfo o un avance en temas de seguridad y derechos de las mujeres.

En su informe más reciente, el Secretariado exhibe para Veracruz un total de 43 feminicidios cometidos en 2025. Es decir, han pasado diez años, una Declaración de Alerta de Violencia de Género, un Centro de Justicia para las Mujeres, varias iniciativas y aprobación de leyes, pero las violencias contra las veracruzanas “se han movido para permanecer en el mismo lugar”.

En este lapso de diez años los feminicidios se habrían disparado vertiginosamente en México. Con cien feminicidios, el SESNSP ubicó a Veracruz en primer lugar en 2017. Tomando como referencia ese año, ha habido un decremento importante. Sin embargo, en una revisión histórica y en la que se ha aplicado un mecanismo federal para disminuir dicho delito, hemos institucionalizado el gatopardismo: las violencias hacia las mujeres sólo siguen su “cauce normal”.

Presupuestos que de perspectiva de género sólo tienen el membrete, desinterés gubernamental en los hechos y muy lejano al discurso feminista oficial, burocratización de la perspectiva de género, mujerismo institucional machiplaciente sin perspectiva de derechos humanos: eso es lo que prevalece.

Si de transformaciones se trata, hay que apostar por una articulación política a favor de los derechos de las mujeres que vivimos en el país, de las que vivimos en Veracruz. Somos más que una porra complaciente en los mítines. Hay que dejar de verlo así.

La inclusión de mujeres en el hacer de las políticas públicas va más allá del actuario de funcionarias. A las ciudadanas de a pie hay que incluirlas, no en calidad de comparsa, sino como expertas en la situación que viven, que las empobrece y violenta. Es urgente el trabajo experto y políticamente comprometido, sabedor de los vicios burocráticos que ya no hay que reproducir y de la labor coordinada y estratégica que hay que emprender.

Para llegar todas a un mejor sitio hay que estar vivas. Y para estarlo, hay que hacer un trabajo profesional y de compromiso político. El triunfalismo inocuo con el que se ha vestido a las políticas “a favor del avance para las mujeres” nos tiene hartas. Su práctica va con el siglo, ha ocupado muchos recursos y ha encumbrado a unas para dejar a la población hundida en la violencia o como víctima de feminicidio. Esto también necesita de una transformación.

Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana