Espero que tengamos un saludable y productivo 2026. Muchas felicidades.
javierolivaposada@gmail.com
@JOPso
La entreverada dinámica nacional y la intensa actividad internacional, nos obliga a hacer un análisis en la materia, a partir de las interrelaciones de las seguridades. Como lo he apuntado en otras ocasiones, las dimensiones se refieren a los bienes a tutelar por cada una de ellas: seguridad pública; seguridad interior; seguridad nacional; seguridad regional y seguridad internacional.
Desde luego que, entre sí, se relacionan. Por ejemplo, en el caso del crimen organizado trasnacional (sea el tráfico de drogas o de personas, por ejemplo) son un desafío a los gobiernos tomando como punto de partida, los negativos efectos a la seguridad pública y que, debido a sus capacidades, también es un grave problema de la agenda de seguridad internacional.
Para México, este año que concluye lo hace enfrentando condiciones inéditas a nivel de la seguridad regional. El 20 de febrero, el gobierno de la Casa Blanca, a iniciativa del Departamento de Estado, declaró a seis organizaciones mexicanas terroristas internacionales. A lo que debe sumarse la reciente clasificación del fentanilo ilegal como arma de destrucción masiva, lo que en términos de los recursos jurídicos, presupuestales e institucionales de los que dispone Donald Trump, equivalen a los preparativos de una guerra. La polémica ha sido intensa en nuestro país sobre dicha e improbable posibilidad. Cada vez es más claro que ese tipo de decisiones están orientadas a debilitar la continuidad del Tratado de Comercio entre los tres países de América del Norte.
La Presidencia de la República ha sido enfática, en cuanto a las presiones de la Casa Blanca y algunos funcionarios del gabinete de Trump, en materia de confrontación al tráfico de drogas. Sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía de México. Debe reconocerse que hasta el momento, esas dos fundamentales reglas de convivencia, prevalecen, basadas en la cooperación y cordinación.
A nivel interno, durante el mes de junio, luego de un dilatado debate parlamentario, se aprobaron 12 ordenamientos jurídicos relacionados con la seguridad publica y la seguridad interior. Entre ellos, destacan, la Ley de la Guardia Nacional, la creación del Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad Pública, la ley contra la desaparición de personas a manos de particulares. Para redondear esas leyes, la reciente aprobación de la Ley Contra la Extorsión provee, a las autoridades encargadas de la materia, las condiciones suficientes para acotar y castigar a las actividades criminales.
Continuando con ese tema, la misma Presidenta de la República, Claudia Scheinbaum Pardo, en el aniversario de la creación de los Servicios de Inteligencia, hizo una afirmación de fondo al señalar que antes, lo que hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, se dedicaría en pleno a labores de decidido apoyo a la seguridad pública. De tal forma, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contará con un robusto recurso institucional, precedido de los ajustes jurídicos arriba mencionados. Entre los pendientes, destacan tres: La plena coordinación y colaboración entre dicha Secretaría y la Fiscalía General de la República; el segundo, la reconstrucción de los sistemas penitenciarios federal y estatales, que cumplan sus funciones de reinserción y readaptación social; y por último una puesta al día en cuanto al funcionamiento del Ministerio Público, tanto federal como estatal.
