En las democracias liberales como la nuestra, la participación del Congreso resulta determinante para conducir de la mejor manera, las instituciones encargadas de salvaguardar los bienes que tutela la Seguridad Nacional, mediante la participación crítica de los servicios de Inteligencia.

Como sabemos, ambos conceptos, hacen su aparición jurídica de manera simultánea en la famosa Acta de Seguridad Nacional de 1947, firmada por el Presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. De entonces a la fecha, cada sistema y régimen político ha adaptado dichos conceptos.

Las implicaciones interinstitucionales que tienen los intereses y bienes que tutela la Seguridad Nacional, a través de los servicios y áreas de Inteligencia civiles y militares, convocan a un constante proceso de análisis, actualización y diseño de escenarios, para mejor resguardar el futuro del país. De allí, que las funciones del Poder Legislativo, sea el caso de México, Estados, Brasil o Francia, impliquen responsabilidades como son la asignación de presupuestos, desde luego, proporcionar el orden jurídico adecuado y funcional, así como el establecimiento de procedimientos de evaluación y rendición de cuentas de las instituciones directamente responsables de la Seguridad Nacional.

Así, el pasado día 8, la LXVI Legislatura del Senado de la República, publicó el Acuerdo, por el que se designan tres integrantes, para formar parte de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Ahora falta la Cámara de Diputados, que designe a sus tres legisladores, para que se incorporen a los trabajos de dicha Comisión. Al estar integrada por un número par, indica claramente, que hay una sustancial limitación legislativa, jurídica y política, para que por su conducto, el Poder Legislativo pueda tener una efectiva injerencia y participación en el diseño de las políticas y programas en las materias de Seguridad Nacional e Inteligencia.

Ese mismo día, también el Senado de la República, dio a conocer el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de la Comisión bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada permanente en tareas de Seguridad Pública. También en este caso, la Cámara de Diputados, al momento de redactar esta colaboración, tampoco ha anunciado a los legisladores que se incorporan a tan relevante Comisión. Sobre todo en el contexto de los sustanciales ajustes que se han dado desde el inicio del presente sexenio, por cuanto hace a leyes, organigramas, responsabilidades y presupuestos en materia de Seguridad Pública.

Hay una abundante producción de literatura especializada, a propósito de las tareas e importancia de la participación de los Congresos, en el diseño, aplicación y evaluación de los programas y políticas en Seguridad Nacional. Estudiar el caso del sistema político y democracia estadounidenses, es relevante pues en ese país se crean, como ya se apunto, los primeros contenidos de la Inteligencia para la Seguridad Nacional. En el caso del Poder Legislativo de nuestro país, resulta indispensable, que sus integrantes, tengan, no solo conocimientos adecuados, sino que conozcan a profundidad la naturaleza de las Fuerzas Armadas: historia, formación, estructura, doctrina, adiestramiento, necesidades de equipamiento para que con esas bases, puedan decidir de la mejor manera, los presupuestos adecuados y en proporción, a la conjunto de misiones (permanentes) y de responsabilidades (asignadas por el gobierno en turno).