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El Congreso de Jalisco volvió a votar en contra del derecho a la identidad de género de las infancias y adolescencias trans. Violentaron una vez más un derecho humano reconocido y garantizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde 2022, señala que los estados tienen la obligación de garantizarlo con procedimientos administrativos para que puedan modificar sus documentos de identidad, sin discriminación por edad. Al igual que la iniciativa, no se habla (como intentan desinformar) de “cambio de sexo”, de obligación o de ideología, sino de un derecho.
Desde el poder de Movimiento Ciudadano Jalisco y frente al silencio público de la dirigencia nacional se envía un mensaje contundente: los derechos pueden negarse cuando resultan incómodos por ideología individual. Entonces se acepta violentar el Estado de Derecho sin ninguna consecuencia política interna o legal.
Jalisco ya dio pasos históricos. En 2020, se realizó el primer reconocimiento administrativo de identidad de género para una persona menor de edad gracias a familias organizadas, activistas persistentes y personas funcionarias del estado comprometidas, como Andrés Treviño, ex director de diversidad de Jalisco, para garantizar su libertad y su dignidad.
En medio de la sustitución de la dirección del Registro Civil del estado, el discurso del gobernador Pablo Lemus se expresa desde una narrativa cada vez más cargada de prejuicios, marcada por un adultocentrismo que niega la voz de las infancias y que prefiere hablar “por ellas” en lugar de escucharlas. Peor, la diputada Montserrat Cisneros, que llegó por acción afirmativa de diversidad de MC, votó en contra; de ahí que se haya alzado una exigencia justa: su renuncia por usurpación.
En campañas y discursos nacionales se ondea la bandera de la diversidad. Pero en los estados que gobierna MC, como Jalisco, esos principios se diluyen cuando llega la hora de votar o de gobernar con inclusión. Se prometen avances, pero se administra la omisión: ¿se solapa la exclusión?. Nada de esto borra que en MC hay personas de la diversidad y aliadas comprometidas admirables, nuevamente entre la espada y la pared. Levantar la voz tiene costos cuando lo anti derechos se coordina desde dentro para ganarle a la social democracia. Entonces, la “disciplina partidista” suele pesar más…
En México más de 20 estados han legislado o implementado acciones para el reconocimiento de la identidad de género para personas menores. Las identidades trans no van a desaparecer por una votación. En todo el país tienen derecho al reconocimiento administrativo sin violencia ni discriminación. Garantizarlo no es una opción, es una obligación. También para un poder local disfrazado de control moral ilegal: un poder convervador que parece pensar más en politiquería y sobrevivencia electoral (¿una alianza con el PAN?) que en privilegiar el interés superior de la persona menor y cumplir con lo establecido por el máximo tribunal constitucional del país.
Jalisco sigue en omisión e incumplimiento impune por lanegativa expresa de sus gobernantes y representantes para cumplir con criteriosconstitucionalesobligatorios. Esta omisión es violencia. Silenciarla es complicidad. ¿De qué lado de la historia de la diversidad está realmente Movimiento Ciudadano?