Con seis boletas de colores distintas y con un número, la ciudadanía elegiremos el 1 de junio a las 9 personas ministras de la Suprema Corte, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 magistraturas de la Sala Superior y 15 magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 464 magistraturas de circuito, 386 personas juezas de distrito.
Del 30 de marzo al 28 de mayo, 4 mil 224 personas candidatas arrancarán oficialmente campaña sin poder contar con el apoyo de partidos, ni de campañas en radio o televisión. Que estemos a favor o no de la Reforma Judicial, hay al menos cuatro retos determinantes para una práctica democrática correcta:
1. El acceso a la información. La ciudadanía tendrá poco tiempo para informarse sobre las personas candidatas. El INE y los institutos electorales locales tienen la responsabilidad pendiente de poner a disposición de la ciudadanía en sus plataformas digitales esta información con accesibilidad. Tendrán la posibilidad y la capacidad de agregar la pertenencia de las personas candidatas a poblaciones de atención prioritaria: dato fundamental para conocer la representatividad democrática del ejercicio. En esta tarea, los ejercicios ciudadanos de observación y de la sociedad civil con el acompañamiento de los medios de comunicación serán muy benéficos. Conocer a las distintas candidaturas permitirá movilizarnos para impedir que lleguen personas antiderechos o con un perfil cuestionable en materia anticorrupción.
2. La preparación de las personas candidatas. Las personas candidatas que no están vinculadas a un partido o que no cuentan con la experiencia política están en desventaja. Para ello, existen algunas iniciativas como la de un colectivo de especialistas en materia de comunicación electoral y judicial, que lanzó el Laboratorio de Innovación “QuisieraSerTuJuez.com”, una plataforma con materiales, herramientas, capacitación, asesoría y acompañamiento gratuito para personas candidatas.
3. La justicia electoral. Las instituciones deberán ser implacables en la impartición de la justicia electoral frente a las violaciones al proceso que ya están sucediendo con actos anticipados de campaña disfrazados o que ya cuentan con el respaldo de redes internas clientelares de corrientes de partidos políticos que pretenden darle la vuelta a la Ley. Debemos promover una elección limpia y libre sin acordeón entregado por los partidos, sin foto del voto, sin presión o dádiva a cambio del voto. El INE y el Tribunal Electoral deben garantizar la igualdad en la contienda. Frente a los delitos o faltas al marco legal, las multas no son una solución ineficaz. Prácticas violatorias reiterativas deben ser sancionadas con la anulación de la candidatura.
4. La participación ciudadana. Estudios recientes de las consultoras Áltica y SIMO Consulting, destacan que la elección despierta mucho positivismo. Otras estimaciones evocan una participación de entre el 15 y 17% del padrón electoral. Uno de los argumentos legítimos para la aprobación de la Reforma Judicial a una velocidad histórica ha sido el supuesto respaldo de la mayoría del pueblo. La participación electoral y ciudadana en este proceso es determinante. Sin ciudadanía participativa no hay democracia.