Pulso CDMX / De la contingencia a la emergencia
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Ciudad de Mexico, 5 de abril de 2026
Febrero de 2026 vuelve a recordar el calentamiento global y la crisis climática que enfrenta la Zona Metropolitana del Valle de México: con temperaturas máximas cerca a los 28°C cuando para febrero las temperaturas rondan con máximas de 22 a 24°C. Como si fuera temporada de abril: los precursores emitidos por motores, solventes e industrias reaccionan con la luz solar y disparan concentraciones en la cuenca.
El ozono se forma a partir de óxidos de nitrógeno y compuestos volátiles que provienen sobre todo del transporte, además de pinturas, gasolineras, obras, industria y combustión en periferias. Cuando hay inversión térmica o anticiclón, nuestro hábitat queda sin ventilación: el “smog” no se va, se acumula y nos asfixia.
Ojos irritados, enfermedades respiratorias, dolores de cabeza, infartos, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón, complicaciones en el embarazo: la mala calidad del aire está vinculada a decenas de miles de muertes prematuras. El daño no se reparte parejo: afecta más a quienes viven o trabajan cerca de grandes vialidades, zonas industriales o corredores logísticos; y a quienes no pueden “resguardarse” en casa.
La alta contaminación del aire de la Ciudad debería atenderse como una emergencia permanente y prioritaria más allá de declaraciones de contingencia con medidas esporádicas que serán cada vez más frecuentes. Hay que nombrar correctamente el riesgo para aspirar a gobernarlo y orientar presupuestos. Hay que medir el impacto, desarrollar indicadores públicos y actualizados de afectación ciudadana. No hay bienestar sin derecho a la salud. Este derecho implica que las autoridades busquen garantizar un acceso al aire limpio desde una visión de justicia socioambiental y de atención prioritaria.
El modelo de Ciudad y movilidad siguen privilegiando el reinado cochista empujando emisiones hacia arriba. El parque vehicular sigue creciendo en condiciones meteorológicas cada vez más favorables para el ozono. Se restringe la circulación, se ajustan actividades industriales, se recomiendan medidas de protección. Pero el mecanismo actual mitiga coyunturalmente; no resuelve.
Hay responsables, responsabilidades pero también soluciones basadas en evidencias internacionales. En la metrópoli hace falta una gran alianza o coalición multisectorial por el derecho al aire limpio y un salto institucional: un Gabinete Metropolitano del Aire, con mando político, dientes técnicos y legales, que vaya más allá de la coordinación actual: indispensable pero insuficiente. Un órgano con compromisos medibles capaz de fortalecerse hacia la prevención y atención estructural: metas obligatorias por contaminante, presupuesto multianual, capacidades de inspección, y políticas metropolitanas vinculantes más humanistas y respetuosas del medio ambiente en transporte, energía, industria, construcción y ordenamiento territorial.
No hay parque que compense millones de motores: la prioridad es dejar de emitir lo que enferma y transitar a una Ciudad que beneficie más a la gente con políticas enfocadas en la naturaleza. Una Ciudad que contemple el medio ambiente sano en todas sus políticas y acciones con transversalidad e interseccionalidades, no como una política sectorial de unas dependencias “facultadas”.
