Con un trabajo de largo aliento en mediación social, construcción de paz y acompañamiento a comunidades y víctimas, la nueva presidenta o ombudsperson, María Dolores González Saravia es economista de formación y cuenta con una trayectoria amplia en organizaciones civiles y procesos de diálogo social. En sus primeros posicionamientos públicos, ha insistido en fortalecer la atención de quejas, mejorar la capacidad de investigación, transitar “de los casos a las causas” y reforzar el enfoque preventivo. Pero el reto más complejo será no caer en la gestión de los pendientes del día a día o de las problemáticas cotidianas y tomar la oportunidad de dar un nuevo aire a la institución.

Entre estas oportunidades está la realización de un diagnóstico sobre el grado de cumplimiento de la Constitución de la Ciudad de México que, a varios años de su entrada en vigor, sigue siendo en muchos rubros un horizonte aspiracional. A partir de esta evaluación, la Comisión tiene la posibilidad de hacer historia usando por primera vez sus atribuciones en materia legislativa para reformar y reforzar el andamiaje institucional de la Ciudad de México; pero también para impulsar el reconocimiento de derechos pendientes, como el derecho a la muerte digna o la vía para la regulación de cannabis.

¿Cómo mejorar el sistema de defensa de derechos humanos de la Ciudad? ¿Cómo territorializar y democratizar la exigibilidad y la garantía de derechos? ¿Cómo transitar del derecho en el papel al derecho en práctica? Por ejemplo, la creación pendiente del Instituto de la Defensoría Pública (como organismo autónomo previsto por la Constitución capitalina) como ente propio o como una nueva atribución de la Comisión puede ser una vía interesante de explorar y muy redituable para ampliar el acceso a la justicia y el bienestar de la ciudadanía.

Acompañar la elaboración e implementación del Plan General de Desarrollo y del Plan General de Ordenamiento Territorial desde una perspectiva garantista, transversal e interseccional de derechos humanos será otro de sus retos inmediatos. También le tocará acompañar la transición del INFO CDMX hacia la Secretaría de la Contraloría, asegurando que no se debilite el derecho de acceso a la información ni la transparencia pública, y se vaya garantizando el derecho al buen gobierno y a la buena administración.

Por la trayectoria de la nueva presidenta y la coyuntura en la Ciudad, uno de los objetivos esperados es que la Comisión se fortalezca como un espacio abierto, seguro, de inclusión y cooperación con organizaciones de la sociedad civil y activistas. Más allá de las consultas o foros, puede abrirse un camino rumbo a una agenda colaborativa de trabajo con metas claras, indicadores y evaluación ciudadana, que permita pasar del diálogo a la construcción democrática. Ver y tratar a la sociedad civil y a los activismos como aliados puede ser una gran apuesta y una herramienta efectiva de transformación para los Derechos Humanos en la Ciudad.