El primero de junio de 2025 se llevará a cabo la elección de más de 900 plazas de jueces, magistrados y ministros del poder judicial de la federación. Al proceso se inscribieron más de 4 mil aspirantes y tendrá un costo de 13 millones 200 mil pesos. Puebla pertenece al 6º circuito judicial y se dividirá en dos distritos judiciales, norte y sur, donde se elegirán 17 magistraturas y 13 plazas de juez en diferentes materias como civil, penal, administrativo y laboral, cargos que durarán 9 años con la posibilidad de reelegirse en una ocasión.

​Las candidaturas fueron integradas por el Senado de la República a través de comités de evaluación integrados por expertos en derecho y remitidas al Instituto Nacional Electoral (INE) para que se imprimieran las boletas correspondientes a los 32 circuitos judiciales. Hasta el momento los aspirantes no saben si competirán por el distrito norte o sur, lo cierto es que esta elección será muy peculiar y tendrá diferentes reglas a las que normalmente estamos acostumbrados. ​

​Para empezar está prohibido el financiamiento público y privado, así como la contratación de espacios en radio, tv y periodico, por lo que las candidaturas promoverán sus plataformas principalmente en redes sociales, y los spots que se verán entre el 30 de marzo y el 1 de junio (64 días electorales) serán del propio instituto explicando el proceso e invitando a votar, es decir, será muy difícil que la ciudadanía conozca a sus representantes. Además las y los candidatos no pueden hacer apariciones públicas en eventos que tengan formato de mitin o asamblea, pues la autoridad será la que organice diálogos y debates, y en todo caso si estos fueran organizados por particulares tendrían que ser por organizaciones sociales, privadas o universidades; de brigadas, utilitarios y comidas tradicionales de las campañas políticas ni hablamos. Esta elección será muy diferente.

​El gran reto desde mi perspectiva para los candidatos es asegurar la votación, pues no tienen las herramientas para movilizar, o promover una estructura de defensa del voto, además de que los distritos son extensas proporciones territoriales que dificultan la logística de traslados para buscar el voto de la ciudadanía.

​Es decir, que la opción lógica para las y los candidatos será acudir a las organizaciones corporativas para movilizar el voto, así como buscar el respaldo de presidentes municipales, diputados y actores en general que puedan movilizar personas a los centros de votación, que aún no sabremos en donde estarán ubicados, tampoco sabremos una estimación de votos para lograr ganar, por lo que más allá de un proceso difícil por la competencia lo será por el desconocimiento generalizado del mismo.