En ese sentido, el hecho de que Hugo Aguilar Ortiz fuera electo como presidente del máximo tribunal por más de cinco millones de votos hace patente el reconocimiento a las 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes.
El pluralismo de 1978 nos permitió contar votos; el de 2001, 2019 y 2024 nos obliga a contar las diferentes formas de entender la vida y, en ese coexistir, construir desde el consenso y no desde la imposición.
@IsaacPalestinaD
La Reforma Judicial y la Reforma Electoral comparten un concepto que ha tenido diferentes resultados: el pluralismo. En el caso de la Reforma Judicial, se refiere al pluralismo jurídico como un reconocimiento de la coexistencia de distintos sistemas normativos en nuestro territorio que pueden dialogar y relacionarse para reconstruir el tejido social. En el caso de la Reforma Electoral, se refiere a la pluralidad política en la arena electoral.
Desde finales de los setenta, México empezó a hablar de “pluralismo” para referirse a la apertura del sistema de partidos. Fue la reforma política de 1977 —plasmada en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE)— la que inauguró, ya en 1978, la paulatina transición de un régimen de partido hegemónico hacia uno de competencia con representación proporcional y registro condicionado para nuevas fuerzas, mejor conocido como pluripartidismo.
Sin embargo, ese “pluralismo” inicial fue sobre todo aritmético: cuántos partidos, cuántos escaños, cuántas prerrogativas. El ámbito de la democracia quedó reducido a lo estrictamente procedimental. Fue necesario otro giro conceptual para que México transitara del pluralismo de partidos al pluralismo de identidades. El levantamiento armado de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) impulsó una modificación constitucional que derivó en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación, consagrado en el artículo 2º en 2001.
Ese proceso se profundizó con una deuda histórica saldada apenas en 2019: el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas. Al adicionarse el apartado C del artículo 2º, el Estado mexicano dejó de tratarlos como un espectro estadístico y les reconoció personalidad constitucional propia. Los datos demográficos hacen visible lo negado el Censo 2020 registró 2,576,213 personas que se autoidentifican como afromexicanas o afrodescendientes (alrededor del 2% de la población), y 7.36 millones de personas de 3 años y más que hablan alguna lengua indígena. Para 2024, el INEGI actualizó la estimación a 7.4 millones (5.9% de ese grupo de edad).
Con todo, el punto de inflexión más nítido ocurrió en 2024. La Constitución no sólo mantuvo el reconocimiento de los “sistemas normativos propios” de los pueblos indígenas: incorporó de forma explícita el concepto de “pluralismo jurídico” y robusteció la jurisdicción indígena, el deber de intérpretes y peritos especializados, así como el catálogo de obligaciones estatales para asegurar la efectividad de esos derechos (consultas, presupuestos etiquetados, educación intercultural, salud con pertinencia cultural, entre otros). Es decir, pasamos del reconocimiento sociológico a la arquitectura constitucional del pluralismo normativo.
La lucha por una auténtica representación popular y la construcción de un sistema genuinamente democrático implica reconocer la necesidad de la representación interseccional: mujeres, jóvenes, personas indígenas y afrodescendientes, miembros de la comunidad LGBTIQ+, entre otros. Hablamos de acciones afirmativas que nos acercan a una mayor y mejor representatividad.
Este es, precisamente, “el otro pluralismo” no el de los partidos, sino el identitario y el normativo. Uno que obliga a repensar cómo entendemos la igualdad, la jurisdicción y el acceso a la justicia. Por ejemplo, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) son los acuerdos consuetudinarios y ancestrales de nuestros pueblos indígenas, una vía mucho más cercana a la comunidad que la visión punitiva del derecho positivo mexicano.
El pluralismo jurídico no significa relativismo absoluto. La Constitución es tajante: la aplicación de sistemas normativos indígenas debe sujetarse a los principios constitucionales y a los derechos humanos. El artículo 2º, reformado en 2024, ordena, por ejemplo, que las personas indígenas cuenten en todo momento con intérpretes y defensoras especializadas; que se tome en cuenta su especificidad cultural en cualquier proceso; y que el Estado realice consultas de buena fe antes de adoptar medidas que les afecten, a fin de obtener su consentimiento o llegar a acuerdos. Es un mandato operativo, no un saludo a la bandera.
Que el presidente de la Suprema Corte sea hoy Hugo Aguilar Ortiz y que la Constitución mencione explícitamente el “pluralismo jurídico” no resuelve por sí mismo las asimetrías. Pero sí marca un cambio de época: el pluralismo ya no es cifra de partidos, sino garantía de coexistencia normativa con pisos iguales de derechos. Ese es el sentido progresista que debemos defender: pluralidad sin prejuicios raciales o culturales; autonomía sin relativismos que toleren violencia o desigualdad; consulta que no sea trámite, sino consentimiento informado; justicia que hable y escuche en la lengua de la gente.
