Las narraciones que comparten mujeres familiares de reclusos internados en la cárcel municipal de Huejotzingo son escalofriantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había advertido en un diagnóstico correspondiente al año 2023 que ese penal era el peor de todos los existentes en el estado de Puebla. Ahí dentro, acusaba el informe, se violentaban de manera sistemática las garantías individuales de las personas recluidas.

Una investigación realizada por este diario revela este día que las condiciones para los reclusos son, en efecto, dramáticas. Seguramente con la complacencia de las autoridades municipales, y de muchos años atrás, los internos son objeto del cobro de cuotas, viles extorsiones, para poder desempeñar actividades cotidianas tales como, y no es exageración, sobrevivir.

Así arranca el trabajo de la reportera Paulina Gómez: “Cobros de hasta 100 pesos por visita y de 3 mil a 5 mil pesos mensuales por ‘protección’ para que su interno no sufra una golpiza, es lo que actualmente tienen que enfrentar familiares de reclusos del penal de Huejotzingo (...) Susana, Norma y Leticia, nombres ficticios que utilizaremos por protección de las declarantes, no comparten edad, ni lugar de residencia, pero sí la angustia para poder reunir semana con semana las cuotas o cobros que a sus internos les exigen dentro del cereso de Huejotzingo.”

Lo que ahí ocurre no es de competencia federal ni estatal. El penal de Huejotzingo depende ciento por ciento del presidente municipal en funciones, que desde octubre pasado es Roberto Solís Valles, morenista que, por cierto, celebró con bombo y platillo que la seguridad pública en el estado –y en su ayuntamiento– esté a cargo ahora de integrantes de la Secretaría de Marina.

Con ese mismo entusiasmo que defendió el arribo de Francisco Sánchez González como secretario de Seguridad del gobierno del estado, por ejemplo, tendría que corregir los abusos que se cometen frente a sus ojos. Y claro, también, pedir la ayuda del vicealmirante para meter orden en esa que es, dicho por la CNDH, la peor de las cárceles del estado.

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Los partidos de oposición PAN y PRI le dieron un revés a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, que, sin querer queriendo, pretendían proteger a Morena con la prohibición de que presentaran candidaturas comunes para las cuatro contiendas extraordinarias que están en puerta.

“Derivado de la impugnación que presentamos el 10 de enero, el

@trielecpue corrigió la plana y revocó las restricciones para la creación de nuevas candidaturas comunes para el proceso electoral extraordinario. Nos conceden la razón. Coaligarse o crear nuevas candidaturas comunes es un derecho que tenemos los partidos con base en nuestra libre autodeterminación.”, posteó el fin de semana el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Riestra Piña.

De esta forma, Blanca Cruz García, consejera presidenta del IEE, sufrió un revés jurídico y político, uno más dentro del proceso electoral en el que no tuvo problema en exhibir, con algunas de sus decisiones, su simpatía (al menos cercanía) por el partido en el poder.

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Varios años después nos venimos a enterar que Mario Marín Torres ya no es priista. O eso es lo que dice el presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor, Néstor Camarillo Medina.

El exgobernador, detenido hace cuatro años, acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho, que volvió a la palestra pública por una foto que circuló este fin de semana en redes sociales, no fue expulsado del PRI por voluntad del dirigente, dijo él mismo, sino por un mandato del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordenaba que los padrones de las militancias debían reiniciarse. Eso sucedió hace tres años.

Si Camarillo dice la verdad y el exgobernador no tiene ningún interés en volver al partido que le ayudó a formar toda su carrera política, no sería descabellado, en un futuro lejano, por supuesto, verlo enfundado en la camiseta de la 4T. Sí, esa que está de moda y que casi todos (los expriistas) quieren portar.