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En la crisis y transformación mundial que acarrean los populismos y la extrema derecha que se asoma sin pudor, la narrativa tiene una inusual importancia. En esa narrativa, la clase política mexicana ha tratado de ocultar durante lustros tres cosas sin las cuales no se entiende la situación de nuestro país. Son tres aspectos que atraviesan transversalmente los ámbitos social, cultural, jurídico y político de México, y de los que la clase política mexicana reniega.
El primero de ellos es esa carencia de Estado de derecho que ningún partido político asume, pero que es obvio para cualquier ciudadano. El episodio más reciente que ha costado una reputación infame a una anciana, es el asesinato de dos personas a manos de la referida octogenaria. Según las versiones más entendidas, unas personas habían ocupado sin derecho una casa, propiedad de la familia de la anciana. En este país, tramitar un juicio de desocupación y recuperar la propiedad es un viacrucis para quienes solo cometieron el “error” de no ocupar -días, semanas o meses- un espacio que seguramente adquirieron con esfuerzos.
De ninguna manera se justifica la acción de la anciana de acudir a balear a quienes ocupaban sin derecho una propiedad que no les correspondía, aunque la señora es ahora un símbolo de todo (desesperación, una sociedad que parece una selva, lentitud de procesos judiciales, corrupción de funcionarios que permiten esas situaciones, etcétera), pero sobre todo de un país que no encuentra una actuación de autoridades en términos democráticos. Los grupos de choque que se apoderan de casas o terrenos deshabitados no se entienden sin la colusión con los gobiernos de turno.
El segundo aspecto es la discriminación, con especial énfasis en el clasismo, en el racismo y en el maltrato a la mujer. Cuando se esperaba que el partido político que ahora gobierna tuviera mucha más empatía con los grupos que históricamente han combatido esos males, la respuesta del gobierno ha sido ignorarlos y creer que con ceremonias donde le entregan un bastón de mando a la presidenta es suficiente para desterrarlos.
El tercer aspecto es que el país es una tumba provocada por el crimen organizado y por las autoridades. Al menos durante las últimas cuatro décadas, ningún gobierno asume que los muertos, desaparecidos, los asesinados, los “levantados”, son una constante creciente y que el fenómeno tiene origen en la complacencia de las autoridades, muchas veces coludidas con el crimen organizado.
Se puede llamar como quiera: San Fernando, Ayotzinapa, Rancho Izaguirre, etcétera. Lo cierto es que se ha vuelto una constante, aunque a algunos solo les preocupa que no aparezcan esos datos de asesinados, muertos o levantados en un determinado gobierno, como si la cifra de muertos no fuera en ascenso un gobierno sí y otro también.
En este contexto, a la sociedad civil, a la academia, a los intelectuales, no les queda más que señalar e insistir en las falacias de esa narrativa donde no todo es color de rosa y casi nada queda intocado por la corrupción, la impunidad, la discriminación o la muerte que nos rodea.
Pero perderse en el mar burdo de la politiquería es fácil: no es con el fin de señalar a cierto político o de “dejarlo en paz” (Sheinbaum dixit), sino de insistir en que las realidades de este país son diversas respecto de las narrativas maniqueas que borda la clase política del país.
Se trata de insistir, porque sin esa insistencia nos convertimos en los locos del manicomio que afirman que la tierra no se mueve y que este país es el centro del universo. El peligro mayor es que esos locos a veces no están en el manicomio, sino en los palacios de gobierno. Su narrativa es hoy más peligrosa que nunca.