Presidenta: Es cuestión de tiempo…
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Puebla, 14 de abril de 2026
Las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre intervenir por tierra en México para combatir a los cárteles, cambiaron por completo el panorama. Pues ya no tiene sentido discutir si ocurrirá o no, cuando el presidente de los Estados Unidos afirmó públicamente que atacará por tierra a los grupos del narcotráfico, desplazando inevitablemente el debate hacia otra pregunta mucho más inquietante: ¿cuándo sucederá el ataque y cómo responderá México?
Pero, primero que nada, a nadie debería resultarle grato que otra nación plantee intervenir para resolver nuestros problemas internos, porque en el fondo eso exhibe algo muy doloroso: que no hemos podido hacerlo por cuenta propia. Pero también hay que reconocer que los Estados Unidos tiene sus propias razones. La crisis del fentanilo continúa cobrando decenas de miles de vidas cada año, y se ha convertido en un tema de seguridad nacional. Para ellos, esta epidemia es una amenaza externa que debe ser contenida sin importar el costo, y fingir que México no tiene ninguna responsabilidad sería mentirnos. Los cárteles operan con una capacidad económica, territorial y armada que supera al Estado en amplias regiones.
Mientras tanto la Unión Americana sostiene que cuenta con la obligación de proteger a sus ciudadanos, y que, si el origen del riesgo está fuera de sus fronteras, actuará más allá de ellas. Y si algo caracteriza a Washington es que nunca hace nada sin un cálculo de fondo. En Venezuela vimos cómo cercaron el espacio aéreo, reposicionaron portaaviones y presionaron a niveles diplomáticos y militares extremos. En México por otro lado, estos actos estratégicos ya iniciaron desde que se catalogó a los cárteles como organizaciones terroristas y al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Esos conceptos no son retóricos, sino que los habilitan en su marco legal para justificar sus futuras intervenciones.
Del lado mexicano, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha logrado disminuir la tensión. Al contrario, insistir en el envío de combustibles y apoyos energéticos a Cuba —una dictadura que tiene a su población sumida en la más profunda miseria — no sólo es éticamente cuestionable, sino políticamente torpe. En el peor momento, el gobierno de México decide apoyar a uno de los más viejos adversarios de los Estados Unidos. Esa decisión nos confronta inútilmente con nuestro vecino y principal socio comercial, justo cuando más se necesita de una diplomacia fina, además, nos deja en un flanco vulnerable frente a un vecino que ya está hablando de operaciones dentro de nuestro territorio.
Y es aquí donde aparece una pregunta incómoda que muchos evitan: Trump no ha dicho que piense atacar al gobierno mexicano, ni ir tras la presidenta Sheinbaum, ni tras funcionarios morenistas (hasta el momento). Ha dicho con claridad que su objetivo son los cárteles del narcotráfico. Entonces, cuando México se niega rotundamente incluso a dialogar sobre posibles acciones coordinadas, ¿A quién está protegiendo? ¿A su soberanía o, sin quererlo, a los grupos criminales? Es una pregunta dolorosa, pero necesaria. Porque todos los gobiernos mexicanos —sin excepción— han fracasado en frenar la violencia. Ni ignorar al narco, ni la guerra contra el narco, ni los abrazos al narco han funcionado, sino que, por el contrario, los homicidios y desapariciones siguen al alza, el territorio está fragmentado y en muchos estados, los criminales ejercen una autoridad de facto.
Así que, si de todas maneras Estados Unidos decide actuar y México no puede impedirlo, surge entonces la cuestión estratégica: ¿por qué no coordinar esfuerzos? No porque Estados Unidos venga como un salvador, sino porque ellos son en gran medida responsables del derramamiento de sangre en nuestro país, debido a su altísima demanda interna de drogas y la venta de armas por debajo del agua a los mismos grupos delictivos que masacran a México.
Pero Washington debe ser extremadamente cuidadoso. México no es Venezuela. Somos un país con peso económico, territorial y geopolítico mayor. Además, existe un factor que puede escalar cualquier error: más de 40 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos, y cerca de dos millones de estadounidenses residen en México. En un escenario de tensión extrema o de acciones mal calculadas, ninguna de esas comunidades estaría a salvo. No hablamos sólo de política exterior; hablamos de la estabilidad cotidiana de millones de personas que dependen de la paz bilateral.
Por lo que, sí ya sabemos que Estados Unidos considera inevitable actuar contra los cárteles, la verdadera pregunta es qué hará México. ¿Continuará el autoengaño y la negación, o asumirá finalmente que la crisis de seguridad rebasó al Estado desde hace años? Porque al final del día, en esta ecuación no está en juego la popularidad de un gobierno, sino la vida de millones de sus ciudadanos.
