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La política internacional rara vez se anuncia con tambores de guerra; casi siempre se construye con silencios, sanciones, advertencias y movimientos calculados que, vistos en retrospectiva, terminan explicando lo que muchos se negaron a ver. Hoy, el posible conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela no es una ocurrencia alarmista, sino la suma de señales claras que apuntan a una escalada cuidadosamente preparada por Washington, frente al régimen de Nicolás Maduro.
Durante los últimos meses, el gobierno de Donald Trump ha endurecido su postura hacia Caracas mediante un cerco económico, diplomático y militar que va mucho más allá de la retórica, por ejemplo el bloqueo de facto a la exportación de petróleo venezolano —principal fuente de financiamiento del régimen—, el cierre de su espacio aéreo, así como las operaciones armadas contra lanchas provenientes de Venezuela, forman parte de una estrategia que busca asfixiar al chavismo y justificar una acción de mayor calado, a ello se suma la narrativa estadounidense que vincula directamente a sectores del régimen chavista con redes de narcotráfico internacional, reforzando la idea de que Maduro no es solo un dictador, sino un actor criminal que amenaza la seguridad hemisférica.
Por supuesto nada de esto ocurre en el vacío. América Latina atraviesa un proceso de reconfiguración política que ha debilitado el respaldo regional que durante años sostuvo al chavismo. El triunfo de José Antonio Kast en Chile, Javier Milei en Argentina, el proyecto de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, la victoria de Rodrigo Paz en Bolivia, el derrocamiento de Pedro Castillo en Perú o la derrota de Xiomara Castro en Honduras y en su momento, el giro de Jair Bolsonaro en Brasil, marcaron un distanciamiento progresivo de los viejos consensos ideológicos de la izquierda latinoamericana, incluso gobiernos que actualmente se asumen de izquierda, han tomado distancia de Nicolás Maduro, tales como Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil, rompiendo con la lógica automática de respaldo ideológico que caracterizó a la región durante años.
En ese contexto Venezuela aparece cada vez más aislada, y la presión de Estados Unidos encuentra menos resistencia política en el entorno regional, por lo que una eventual confrontación militar no solo tendría como objetivo a Caracas; sino que funcionaría también como un mensaje para los aliados estratégicos del chavismo, y para aquellos gobiernos que aún juegan a la ambigüedad diplomática.
Ahí es donde entra México. Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, la política exterior mexicana ha mostrado una preocupante elasticidad discursiva, cuando se trata de gobiernos como el de Javier Milei o Nayib Bukele, la presidenta no duda en calificarlos de conservadores, de derecha, de violadores de derechos humanos o de enemigos del pueblo. Sin embargo, cuando se le cuestiona sobre las dictaduras de Cuba y Venezuela, sobre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro o sobre figuras de la oposición democrática venezolana como María Corina Machado, la respuesta cambia abruptamente: ahí México ya no opina, sino que respeta la autodeterminación de los pueblos.
Esa selectividad no es neutralidad; es conveniencia. Y en un escenario de tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela, esa postura coloca a México en una posición incómoda y potencialmente riesgosa. Porque una escalada armada en el Caribe no solo cimbraría a los gobiernos de izquierda de la región; sino que redefiniría por completo las prioridades de seguridad de Washington en América Latina.
Y después de Venezuela, los reflectores inevitablemente se moverían hacia Colombia y principalmente, hacia México. De hecho, el terreno ha sido preparado ya con el mismo método: primero la narrativa. Estados Unidos ha catalogado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas; ha designado al fentanilo como un arma de destrucción masiva; ha normalizado los sobrevuelos de drones y aeronaves estadounidenses sobre territorio mexicano; ha retirado visas a políticos y funcionarios mexicanos; y ha reforzado su presencia diplomática con perfiles ligados a los aparatos de inteligencia y seguridad, como el actual embajador de Estados Unidos México, Ronald Johnson, ex operador de la CIA, todo esto bajo el argumento de que el Estado mexicano es incapaz —o no está dispuesto— a enfrentar a las organizaciones criminales.
Así como con Venezuela, el mensaje es claro: cuando un problema se define como amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense, la soberanía ajena se vuelve un argumento secundario. Pensar que México está exento de esa lógica es una peligrosa ilusión, por eso todas estas acciones y declaraciones, no son solo contra el régimen de Maduro. Sino un mensaje para sus aliados, entre ellos, la presidenta Sheinbaum. Porque en el nuevo orden regional que se está gestando, la ambigüedad no protege, la incongruencia no fortalece y el silencio selectivo no garantiza respeto. Cuando el tablero geopolítico se mueve, quedarse inmóvil también es tomar partido. Y casi siempre, del lado equivocado de la historia.