Recientemente, Trump ha vuelto a insistir en la posibilidad de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, argumentando que el gobierno de Mexico no están haciendo lo suficiente para evitar la medida.
El tiempo corre y la encrucijada es clara: salvar al país o salvar al sistema. Porque, aunque parezcan lo mismo, México es mucho más que sus políticos.
A raíz de las acusaciones del presidente Donald Trump sobre la supuesta connivencia del gobierno mexicano con el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum quedó ante una encrucijada: defender la estabilidad del país o proteger el sistema político que la llevó al poder.
Estas declaraciones llegan después de que ambos países acordaran una tregua de 30 días para negociar una solución definitiva. Durante este periodo, el gobierno mexicano ha intensificado los decomisos de droga, la destrucción de laboratorios clandestinos y la detención de líderes regionales del narcotráfico. Sin embargo, estas acciones parecen insuficientes a los ojos de Washington.
La crítica al sistema político mexicano cobra fuerza si se considera que las medidas tomadas hasta ahora no están dirigidas a desmantelar la estructura de poder que facilita la expansión y protección del crimen organizado. Si los golpes del gobierno mexicano se limitan a actores periféricos y no tocan las raíces más profundas del problema, difícilmente convencerán a Estados Unidos de tener un compromiso genuino en la lucha contra el narcotráfico. Todo esto da mayor credibilidad a la posibilidad de que Trump, realmente esté apuntando hacia figuras más importantes dentro del escenario político nacional.
Ante esta situación, la presidenta enfrenta una decisión que definirá su gobierno: optar por una estrategia que demuestre un compromiso real con el Estado de derecho, lo que implicaría un enfrentamiento directo con las estructuras del sistema político mexicano que han tolerado la expansión del crimen organizado.
O, por el contrario, puede apostar al factor tiempo, confiando en que el reclamo de Trump pierda fuerza o se desplace hacia otros temas de su agenda política. Sin embargo, esta estrategia conlleva el riesgo de que la presión aumente y las consecuencias para la población sean aún más costosas. Además, el gobierno de Estados Unidos podría, de manera unilateral, adoptar medidas más drásticas, llevándonos al mismo resultado que la presidenta intentaría evitar.
En medio de todo esto, surge la duda sobre cuánto poder de maniobra tiene realmente la presidenta. Si bien su llegada al cargo se dio con una amplia legitimidad, esto no se traduce necesariamente en una mayor fortaleza política, pues su victoria electoral es reclamada como un logro colectivo por diversos actores dentro de su propio movimiento.
Por otro lado, muchos funcionarios en posiciones clave no deben su ascenso a su liderazgo. Por más que en público finjan, su fidelidad no está con ella. Lo mismo ocurre con gobernadores, diputados y senadores, cuya lealtad parece estar depositada en diversos grupos de interés que responden en última instancia al verdadero arquitecto de su acceso al poder.
En este escenario, resulta difícil que la presidenta pueda cumplir con las exigencias de Trump. Esta cruda realidad explica el repliegue defensivo de su gobierno hacia instituciones que refuercen su posición interna, como se evidenció recientemente en la férrea defensa del general Cienfuegos. La estrategia pareceria clara: priorizar alianzas domésticas sobre concesiones externas, incluso si esto significa aceptar pasivamente las consecuencias venideras.
El reto para la presidenta, no es solo diplomático o económico, sino también moral y estratégico. México necesita una transformación profunda en materia de seguridad, pero el costo político de romper con ciertas estructuras de poder puede ser demasiado alto.
