Las revelaciones contenidas en la obra reciente de Julio Scherer Ibarra, asesor jurídico del expresidente López Obrador, Ni venganza ni perdón, reintroducen en la escena pública la figura de Sergio Carmona, señalado hasta antes de su homicidio como el operador principal del huachicol en México.

Si bien las imputaciones formuladas por Julio Scherer Ibarra contra Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social durante el sexenio de López Obrador, han sido negadas por este último, resulta significativo que el relato de Scherer Ibarra encuentre mayor correspondencia con los hechos observados durante aquella presidencia que el desmentido ofrecido por el propio Ramírez Cuevas.

Al momento en que Scherer Ibarra afirma que Sergio Carmona fue llevado ante el expresidente López Obrador en Palacio Nacional por Jesús Ramírez Cuevas, este ya era un actor visible dentro de la trama del contrabando de huachicol, lo que vuelve difícil de creer que su presencia pudiera haber sido inocente.

El relato de Julio Scherer Ibarra es muy cuidadoso en sus graves implicaciones, mismas que apuntalarían otro tipo de hipótesis que sugieren que Sergio Carmona no era el eje del robo y contrabando de combustible, sino una pieza dentro de una estructura más amplia. Bajo esa lectura, su asesinato en San Pedro, Nuevo León, no respondería a un ajuste de cuentas ordinario, sino a la necesidad de retirarlo del circuito y eliminar a un testigo potencialmente dañino para personajes muy poderosos.

Si pudo ser eliminado con esa facilidad y los responsables permanecen en la impunidad, resulta poco verosímil que un personaje en tal condición de vulnerabilidad hubiera coordinado por sí solo a instancias tan diversas como organizaciones criminales, Secretaría de Marina, aduanas, puertos, Guardia Nacional, agentes aduanales, policías estatales y autoridades de tránsito municipal para sostener un contrabando de la magnitud observada.

Corresponde verificar si las promesas de haber erradicado el contrabando de combustible en cualquiera de sus modalidades —en esencia, un robo a la nación— se sostienen frente a lo que, de forma gradual y bajo presión externa, ha salido a la luz sobre embarques de hidrocarburos en buques y ferrotanques.

En este punto, una mínima muestra de integridad consistiría en reprobar la corrupción de quien resulte responsable, sin amparo en identidades partidistas. Si en el discurso político la nación ocupa siempre el primer lugar, ha llegado el momento de demostrarlo en los hechos.