México: Y sin embargo se mueve
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Tampico, 18 de marzo de 2026
Según la tradición de la doctrina política en México, nunca ocurre nada: la impunidad funciona como una ley que mantiene a los actores públicos en reposo. Sin embargo, en los últimos meses —más por la acción de fuerzas externas que por una voluntad interna de cambio— la trayectoria del sistema ha comenzado a moverse. Bastó una fuerza aplicada en el momento preciso para alterar el curso que parecía fijo y recordar la sobria constatación atribuida a Galileo: y sin embargo se mueve.
La destitución de Adán Augusto López de la coordinación de los senadores de Morena constituye la evidencia más reciente de esa puesta en movimiento, provocada tanto por la presión del gobierno de Estados Unidos como por la creciente irritación de la opinión pública mexicana. Más aún, ilustra el dilema permanente en el que se encuentra la presidenta Sheinbaum: entre la herencia perniciosa del lopezobradorismo y la persistente amenaza proveniente de Washington.
Paradójicamente, en este momento el mayor peligro que enfrenta el sistema político mexicano no proviene de una amenaza externa, sino de su inveterada tendencia al gatopardismo: cambiar para que todo permanezca igual y, con ello, agravar su propia situación. Se trata de la reiteración de una de las prácticas que Andrés Manuel López Obrador solía denunciar como lacra de la política y que, durante su propio sexenio, terminó convertida en moneda de uso corriente: la simulación.
Más allá de rumores y filtraciones, conviene observar el momento político de Estados Unidos, el perfil de su presidente y la idiosincrasia de su base de apoyo. A diferencia de otros escenarios —como el venezolano— donde las tensiones con Washington se circunscribían principalmente a los intereses de las élites económicas, en el caso mexicano existe un componente social más amplio. Parte del electorado que sostiene a Donald Trump ha construido su identidad política alrededor de actitudes restrictivas frente a la inmigración y al comercio con nuestro país, incluso en regiones con baja presencia migratoria real, lo que revela que la percepción de amenaza pesa más que los hechos objetivos.
Ese clima no puede entenderse únicamente como prejuicio racial. Se alimenta, a diferencia de Venezuela, de una narrativa política persistente que presenta a México como fuente de inseguridad, drogas o desorden fronterizo, discurso que ha influido en prioridades electorales y percepciones públicas desde la primera campaña de Trump. Al mismo tiempo, la propia opinión pública estadounidense permanece dividida: mientras una parte significativa respalda políticas de deportación o endurecimiento migratorio, otra cuestiona su alcance o sus métodos, reflejando una polarización estructural en torno al tema.
En ese contexto, la relación bilateral deja de ser solo un asunto diplomático entre gobiernos y se convierte en un campo de resonancia electoral y emocional dentro de la política interna estadounidense. Allí radica la singularidad del peligro: la tensión con México no proviene únicamente de cálculos económicos, sino de una percepción social de amenaza —real o imaginada— que forma parte del imaginario político que llevó a Trump dos veces a la Casa Blanca.
Por ello, resulta poco probable que Washington renuncie por completo a la tentación de acciones directas —como las ejecutadas recientemente en Venezuela— si percibe que México responde únicamente con gestos simbólicos: apartar discretamente a figuras cuestionadas o exhibir detenciones menores sin alterar las estructuras de protección política sin las cuales el crimen organizado difícilmente habría alcanzado su actual grado de institucionalización.
No se trata, en sentido estricto, de un acto de justicia. Sin embargo, la justicia a veces irrumpe por vías inesperadas. La necesidad de Donald Trump de obtener réditos políticos mediante un golpe espectacular sobre México cumple una función axial en el curso probable de su administración, que se juega en ese movimiento la preservación de su control sobre el Congreso y, con ello, la continuidad presidencial para su partido.
La presidenta Sheinbaum tiene en sus manos la posibilidad de salvar a México de dos peligros convergentes: la corrupción extendida a lo largo de la administración pública federal, estatal y municipal, y la amenaza de una intervención norteamericana dirigida contra políticos de alto nivel que han sido arquitectos y beneficiarios de ese entramado criminal, sin que su pertenencia partidista constituya un resguardo real.
Una acción de tal envergadura no sería sencilla para la presidenta, pero aparece como el único camino disponible. En ese gesto podría incluso abrir un margen de supervivencia para su propio partido: amputar las porciones corrompidas, depurar cuadros y sustituirlos por figuras no comprometidas con escándalos de corrupción ni con vínculos criminales. De no hacerlo, solo quedará asumir las consecuencias de la indolencia y la desidia: primero para su fuerza política y, en última instancia, para el ya probado sufrimiento del pueblo de México.
