En medio de este escenario —¿quién lo hubiera imaginado? — se encuentra la presidenta, acumulando derrota tras derrota a manos de sus propios compañeros y aliados, quienes prefieren preservar sus privilegios antes que respaldar reformas incómodas.
Morena atraviesa un punto de inflexión. Si bien aún tiene margen para expandirse en territorios donde no ha ganado, el desencanto ciudadano lo enfrenta a la posibilidad de retroceder en regiones donde hoy ya gobierna. En el mejor de los casos, podría estabilizar su apoyo temporalmente; en otro más realista, deberá aprender a gestionar las pérdidas.
Varios factores explican esta situación. Morena llegó al poder bajo la bandera de la Cuarta Transformación, pero su gestión se ha convertido en una paradoja: prometió combatir la corrupción y normalizó el nepotismo; habló de empoderar al pueblo y pactó con caciques. Lo que alguna vez fue un movimiento esperanzador, hoy se debate entre la incoherencia y la complicidad con los mismos vicios que denunció.
Por si eso fuera poco, se suma el daño provocado por las acusaciones del gobierno estadounidense sobre presuntos vínculos con organizaciones criminales, agravado por la difusión de una carta en la que Ismael El Mayo Zambada, lider del Cártel de Sinaloa, solicitaba al gobierno mexicano gestionar su repatriación.
Este episodio derivó en el affaire Penilla, que evidenció la estrecha relación entre el abogado de líderes del crimen organizado y destacados políticos morenistas. La respuesta oficial fue minimizar el escándalo, desviando la atención a un incidente menor vinculado a una diputada de oposición. Pero al extender la acusación, se sugirió inconscientemente, una interpretación perturbadora que normaliza la podredumbre generalizada como parte del funcionamiento ordinario del Estado.
La obsesión por expandir su poder llevó a Morena a abrazar figuras como Alejandro Murat en Oaxaca o Miguel Ángel Yunes en Veracruz, cuyas trayectorias distan de cualquier ideal progresista. Estos pactos, justificados como un “mal necesario”, han desdibujado al partido hasta volverlo irreconocible. Peor aún, han profundizado la balcanización del partido, donde caciques disfrazados de morenistas operan con impunidad, fracturando la cohesión interna y deslegitimando cualquier discurso de cambio.
La descomposición institucional alcanzó un punto crítico esta semana, cuando en el Senado, la mayoría morenista y sus aliados se sublevaron, desvirtuando la ya de por sí tibia iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el nepotismo. La reforma, concebida como respuesta a los múltiples escándalos de políticos morenistas favoreciendo a familiares sin méritos, quedó vacía al posponer su entrada en vigor hasta 2030. Este retraso premeditado garantiza que decenas de funcionarios sigan perpetuando el traspaso de posiciones políticas a sus parientes.
La votación era clave, no solo por sus implicaciones para la salud del sistema político, sino porque evidenciaba la lucha entre dos visiones dentro del partido: por un lado, los tímidos esfuerzos de Sheinbaum por corregir el rumbo heredado, bajo la presión de los Estados Unidos; por otro, la renuencia de quienes operan como una auténtica famiglia siciliana, defendiendo privilegios a costa de erosionar la legitimidad del Estado.
La presidenta enfrenta una encrucijada histórica: ser parte del problema o de la solución. Su verdadero reto no es solo gobernar, sino sanear al país. De lo contrario, permitir que la ambición de quienes han demostrado no ser sus aliados, solo conducirá a una decadencia irreversible. El tiempo de los llamados a misa ha terminado: ¿Será la presidenta una líder capaz de imponer su autoridad, o una que, elige la conveniencia sobre la congruencia?.
