Lo que distingue al hombre inteligente de los animales es el modo de comer.
Anthelme Brillat-Savarín
Es indiscutible el hecho de procurar la sana alimentación de las personas, de ahí la importancia que reviste cualquier programa construido con ese propósito, lo cuestionable es cuando los objetivos se salpican de dobles intenciones, o bien, cuando los intereses se parcializan en favor de quienes nada tienen que ver con el propósito fundamental, es decir, garantizarle a las personas más vulnerables las posibilidades de adquirir los satisfactores indispensables para vivir, en específico los alimentos.
En este sentido, es necesario revisar los contextos para reconocer las bondades de la canasta básica; en una primera instancia, como antecedente, se le atribuye al químico inglés Seebohm Rowutree el diseño de la primera Canasta Básica Alimentaria, estructurada bajo dos criterios fundamentales: primero, determinar los contenidos de un grupo de alimentos que tuviera las proteínas y calorías para el buen funcionamiento del cuerpo humano, así como el de reducir los problemas de la pobreza extrema de los obreros de Nueva York; aunque sin precisar resultados, cuando menos se pudo establecer como un primer intento para atender una de las necesidades primarias de las personas, en este caso de los alimentos.
En el caso de México, más allá de las necesidades alimentarias de las personas, la creación de la canasta básica se utilizó como un instrumento para medir los índices de pobreza, asignándole esta responsabilidad, en 1982, a la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR); en este mismo año, el salario mínimo era de 280 pesos y la Canasta Básica Integral tenía un costo de 728 pesos; en este sentido, las posibilidades de adquirir los productos incorporados a la misma solo presuponía la posibilidad de adquirir el 35 % de los productos, obviamente, las condiciones no correspondían a las necesidades la temporalidad.
Estos indicativos, se puede decir, establecieron las tendencias y parámetros para definir los criterios y contenidos para ser incorporados en la canasta básica, suponiéndose, además, que los beneficios deberían mantenerse en proceso de evolución; sin embargo, así como los tiempos y las condiciones no han permitido consolidar un proyecto, que pierde su esencia en cuanto se involucran otros intereses ajenos a lo fundamental.
Bajo estas consideraciones, en ceremonia protocolaria donde estuvo la presidenta de México, miembros de su gabinete, empresarios y comercializadoras de alimentos, se firmó un pacto de renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), sustentado en el argumento de que la canasta básica, que incluye 24 productos de “primera” necesidad, no rebase los 910 pesos durante un periodo de seis meses, todo con la intención de apoyar la economía de las personas.
Lo que se pone en entredicho serían algunos de los productos que se contemplan en este paquete, los intervinientes, dígase empresarios, y al final los consumidores supuestamente apoyados; en principio, desde un punto de vista particular, el atún, el pan de caja, bistec de res, papel higiénico, entre otros tantos, tienen precios muy elevados que para quienes solo viven con el salario mínimo no tienen posibilidad de comprarlo; solo basta mirar el precio de un paquete de ese pan rebanado que alcanza los 70 pesos, pues no se puede comprar, mejor una telera de tres pesos para hacer la torta, que un sándwich que comen los que tienen mayores posibilidades; lo mismo con las charolas de carne de res, una con dos “bisteces” cuesta casi 100 pesos, sin la posibilidad de compra; en fin, tantos productos que nada tienen que ver con la alimentación del pueblo.
Por otro lado, quienes participaron en la firma son empresarios de grandes tiendas comerciales; la pregunta sería: ¿dónde están los comerciantes de los tianguis, los que tienen sus puestos en las calles o en las plazas públicas? Claro que no estuvieron, pues no fueron invitados, por no estar en las posibilidades de competir con las tiendas de autoservicio.
El titular de la Profeco, Iván Escalante, reveló que la canasta básica en este mes se ubica entre los 787.10 hasta los 955.40 pesos, postura contradictoria, primero, porque sus datos están errados, y en seguida porque rebasa el precio de lo establecido en el pacto; aunque dice que las variaciones se dan en función del lugar donde compres, sin aclarar si es los mercados populares o en las de autoservicio.
También hay posturas extremistas que ocupan los espacios para confundir a los consumidores, diciendo que los costos de la canasta básica son menores a los establecidos; de cualquier manera, para todos los casos, la realidad rebasa los argumentos de los que venden, en contrasentido a los que compran.
Finalmente, aunque las buenas intenciones sean las de proporcionar algunos paliativos, respecto de la alimentación y la economía de las personas, y paliar en un mínimo porcentaje las condiciones de las personas vulnerables, el problema seguirá siendo la voracidad de los grandes empresarios, que solo disfrazan sus perversidades y que se siguen enriqueciendo a costa de la gente que no tiene otras posibilidades y opciones para comprar lo que se necesita para alimentarse, por lo tanto, pareciera que solo son discursos lo de la canasta básica
