Las leyes son semejantes a las telas de
araña; detienen a lo débil y ligero y son
deshechas por lo fuerte y poderoso.
Solón de Atenas
Ante la inminencia de la reforma al Poder Judicial, han surgido diferentes posturas que han polarizado el verdadero interés de realizar los cambios que contribuyan a mejorar la procuración de la justicia en cualquiera de sus ámbitos, por supuesto, quienes se sienten afectados defienden a ultranza no solo el cargo ostentado, sino de todos los privilegios que ello representa, desde los altos beneficios económicos hasta el abuso del poder en favor de aquellos cuyos recursos económicos pueden lograr la “ayuda” de la “injusticia”, de alguna manera, en una visión particular, la reforma pretende acabar con la presunta corrupción que priva en esa institución, actuando con seriedad y legalidad, lo que en su caso les corresponda.
Partiendo de la premisa respecto de la corrupción, se ha comentado en otra oportunidad el asunto de lo indigno que es para los comunes saber de los altos salarios de los inconformes, cuyos montos van desde los 204,923 pesos al mes de un magistrado hasta los 139,210 pesos mensuales de un Juez de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, sin tomar en cuenta todas las prestaciones adicionales que les significa su “responsabilidad”, de lo ostentoso a lo austero es el salario de los trabajadores sindicalizados, que no alcanzan los veinte mil pesos mensuales.
Esta es una de las banderas de los paristas intelectuales, cuya pretensión en utilizar a los trabajadores sindicalizados, bajo el argumento de que si aceptan la reforma se verán afectados en su economía si no se solidarizan con los altos funcionarios del Poder Judicial; sin embargo, al parecer, ya se han expresado voces en contrasentido, es decir, hay trabajadores que no están de acuerdo en este movimiento, pues ni siquiera les han pedido su participación y ya se han visto involucrados sin su consentimiento; esto se ha evidenciado en algunos lugares donde algunos grupos minoritarios de paristas no logran convencer a los ciudadanos de lo que defienden.
En este mismo orden de ideas, el “descubrimiento” de las cantidades multimillonarias que se encuentran bajo el esquema de fideicomisos no han podido ser justificadas, sin embargo, ese ha sido, también, el reproche hacia el gobierno por el involucramiento en ese dinero guardado sin utilidad para la aplicación y procuración de la justicia, y sí para intereses particulares, aunque no se sepa a ciencia cierta para qué o para quiénes.
Con este criterio de bondad judicial, la desatención de casos importantes relacionados con la evasión del pago de impuestos, destacan la indiferencia de la ley, al manipular en tiempos y forma, al no resolver en consecuencia, por ejemplo, el adeudo multimillonario de cerca de 35 mil millones de pesos que adeuda el Grupo Salinas, que aglutina desde bancos, tiendas de diferentes productos, desde un electrodoméstico hasta aparatos de alta gama en la tecnología, sin soslayar una de las televisoras nacionales, entre otras tantas cosas, luego entonces, se puede decir que si no hay una resolución todo permanecerá intocado.
De importancia indiscutible es la característica que al parecer permea en alto grado, es lo relacionado a lo político, pues se ha insinuado que el movimiento solo pretende afectar el proceso de transición del Poder Ejecutivo, afectando la imagen del presidente, y de todo aquello que fue construido en este periodo a punto de finalizar, sin embargo, también hay posturas que defienden todo aquello hecho en este periodo, sobre todo en la parte de los programas sociales, en razón del beneficio otorgado a millones de personas, entre los que se destacan la de los adultos mayores, los discapacitados, las becas, entre otras tantas, de igual manera se dice que el peso se mantuvo, en relación al dólar, en una mínima fluctuación, sin llegar a una devaluación. Por ello, el poder, otorgado en votos, seguirá en posesión del partido que se mantendrá en el poder, cuando menos, los siguientes seis años.
Aunque el asunto es estrictamente de los mexicanos, se han advertido algunas injerencias de personas que tienen en su haber la posibilidad de señalar lo que ocurre en otros lugares, en este caso de una periodista de un diario estadounidense, que argumenta que si los jueces, magistrados y ministros se someten a una elección popular, México le seguiría los pasos a otros países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua, el comentario parece fundamentarse desde algún alto funcionario de la Procuraduría Judicial de la Federación.
Después de un sinnúmero de opiniones, la mayoría, hay que referirlo, se mantiene en la postura de que la corrupción que impera en esa instancia debe terminarse, junto con los privilegios y vicios de ese poder, para convertirlo en una institución que garantice la protección del ciudadano, sin juzgar equivocadamente a quien no lo merece, desafortunadamente, a pesar de la presunción de que hay eficiencia en el tratamiento de los “miles” de casos que se atienden en los juzgados federales, todavía hay también miles de casos sin resolverse.
Una vez alcanzada la reforma, ojalá se cumpla con lo ofrecido, que se acabe con la corrupción, que se aplique la ley de acuerdo a sus normas, que se revisen todos los casos en que haya la mínima duda de una sentencia, que la libertad que hoy disfrutamos se mantenga con el estricto cumplimiento de quienes serán investidos como juzgadores, para revertir los grandes y graves errores del pasado.
