Esa cantidad de internos es demasiada para el número de custodios: 43 en total, quienes trabajan en dos turnos, 22 en uno y 23 en otro.
Las alcantarillas de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Tlaxcala han sido abiertas y las autoridades estatales tienen dos caminos: hacer valer su jerarquía y ponerle freno a toda la podredumbre que presuntamente ahí se vive, o bien, dejar que todas las inmundicias continúen con el simple relevo de uno de sus directivos y una somera investigación.
Las acusaciones que el interno Ventura N. hizo mediante un video -difundido al inicio de esta semana y que se ha convertido en noticia nacional-, son apenas la punta del iceberg de las muchas presuntas irregularidades que lo mismo involucran a directivos y custodios, que a los mismos presos.
El problema no es de ahora. Quienes conocen cómo se manejan los Ceresos locales saben que en al menos los últimos 15 años (durante los mandatos de Mariano González Zarur, Marco Antonio Mena Rodríguez y lo que va de Lorena Cuéllar Cisneros) han sido documentadas múltiples violaciones que, lejos de contenerse y erradicarse, han ido en aumento.
Desde aislamientos en el área de castigos (oficialmente le llaman segregación), hasta abusos físicos y restricciones en las visitas, sin dejar de lado la venta de droga, de bebidas alcohólicas y celulares o, peor aún, las posibles extorsiones a familiares de los internos.
Algo que por años se jactó la entidad era contar con una población penitenciaria por debajo de la media nacional. No obstante, en los últimos años el número de procesados y sentenciados fue en aumento, al grado que el Cereso de Tlaxcala tiene actualmente 540 Personas Privadas de su Libertad (PPL´s como les dicen), aunque el inmueble está diseñado para un cupo máximo de 504.
La separación de Juan Antonio N. como director del Cereso de Tlaxcala es de reconocer, pero mucho más será que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que dirige Ernestina Carro Roldán, llegue hasta las últimas consecuencias y si resultan responsables sancione con rigor a todos los involucrados en la presunta red de corrupción que ahí opera.
De nada servirá que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) separe del cargo a quien fue director (quien llegó a la entidad procedente de Sinaloa y fue nombrado en abril de 2023 por el exsecretario de Seguridad, Ramón Celaya Gamboa), si la supuesta red de corrupción continúa sus operaciones, dirigida por custodios e internos.
Poco a poco han comenzado a relucir nombres de quienes presuntamente se han corrompido para obtener dividendos más allá de su función, entre quienes suenan el jefe de seguridad de la Dirección de Prevención, Leoncio N; el jefe de custodios, Aristóteles; los jefes de turno, Elionaí N. y José Manuel N; los comandantes, Pedro N. y Alfredo N., entre otros, estos dos últimos ya separados del cargo por un procedimiento interno en su contra.
De igual forma, a partir de la difusión del video grabado por Ventura N., quien por cierto está sentenciado por los delitos de homicidio y secuestro desde hace más de 20 años, también salieron a relucir nombres de internos supuestamente asociados a los custodios y directivos para la venta de drogas, principalmente, entre otros delitos.
El video grabado por Ventura N. el pasado 31 de julio de 2025, pero difundido dos semanas después, corrió como pólvora por la petición de protección a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hacia su esposa e hijas.
Asimismo, por la separación del cargo de Juan Antonio N. como director del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala “con el objetivo de que el proceso sea apegado a la ley” por la FGJE y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dijo en un comunicado el gobierno estatal.
Ayer mismo, un abogado identificado como Óscar N. asumió las funciones administrativas y operativas del Cereso de Tlaxcala, de manera provisional, para asegurar la continuidad del servicio y el orden al interior del centro penitenciario.
Por cierto, previo a la difusión en redes sociales del video y aunado a la investigación interna que inició la SSC, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala ya contaba con un expediente de queja derivado de la denuncia de Ventura N.
De hecho, el organismo autónomo ha realizado diversas entrevistas con la PPL y su familia para conocer la situación y les ha ofrecido acompañamiento integral para garantizar sus derechos a la reinserción social, a la integridad personal y al debido proceso.
Es decir, las declaraciones sobre la red de complicidades que el interno hizo públicas servirán para que varias personas sean llamadas a declarar por las autoridades y, de existir, la red de corrupción sea disuelta para que los custodios señalados no sigan tan campantes cobrando del erario en el actual gobierno.
El caso da para mucho más, como por ejemplo el nulo esclarecimiento de las muertes de dos internos apodados “La Yegua”, vecino de Apizaco; y Orlando N., de Xicohtzinco; o las agresiones a procesados para provocar que admitan su culpabilidad en delitos que no les han podido comprobar, pero esa es otra historia.
¿Quién es el diputado local que en vez de legislar por los tlaxcaltecas ocupa su cargo para presionar a presidentes y presidentas municipales de Tequexquitla, Chiautempan, Terrenate, Papalotla, Tlaltelulco, Españita y Tenancingo, por mencionar algunos, para exigirles organizar sus ferias anuales que le han dejado varios miles de pesos como ganancia, con la promesa de ayudarlos a aprobar su cuenta pública?
Un dato: su nombre empieza con M de Miguel y su empresa se identifica como “YONSA”, en alusión al apellido Yonca, quien por cierto también ha sentado sus reales en Xaloztoc incrustando en la nómina a personal de su confianza con la promesa de pronto pasar al alcalde de esa demarcación a Morena. De su pleito legal por un enorme terreno en Belén, Apetatitlán, para el que -afirman- ha usado su poder, luego hablamos.
