La semana que termina quedará en la memoria institucional del estado mexicano; la nueva normativa sobre gestión del agua se instala como una de las decisiones legales más relevantes que ha tomado la nación en los últimos años.

Las consecuencias las irá dictando el porvenir. Los resultados tangibles se verán en adelante.

La nueva realidad hídrica se suma a una cadena de reformas a la estructura institucional de México que, vistas en su conjunto, delinean un país inmerso en el desmantelamiento de los principios del pensamiento neoliberal para dar pie a un estado con un gobierno muy fuerte.

Las nuevas disposiciones que regularán la gestión hídrica parten de una postura claramente ideológica, de una visión diferente de país, una que encoge al mercado al tiempo que expande la parte gubernamental del estado.

La disputa legislativa confrontó dos principios fundamentales: la obligación del estado de garantizarle a la población la disposición y el saneamiento del agua y el de seguridad jurídica.

La postura oficialista privilegió el uso del agua para el consumo humano y doméstico sobre cualquier otro uso, incluido el industrial y el agrícola.

Para lograrlo, enderezó una reforma legislativa cuya intención es restituirle al estado el control monopólico del preciado líquido, al desmantelar el sistema de concesiones de 1992 y evitar su comercialización.

El argumento oficial fue que ese sistema propició el acaparamiento y la especulación.

Con la reforma, los derechos adquiridos sobre el uso del agua que hoy tienen en su patrimonio los concesionarios y que podían comercializarse en uso de ese derecho de propiedad, quedan ahora condicionados a la autorización discrecional que emita la autoridad.

En el nuevo modelo, el título de concesión deja de ser un bien por sí mismo, la nueva normatividad lo retira del mercado.

La reacción de los afectados, principalmente productores agropecuarios, fue tan fuerte como justificada.

Al margen de argumentos deliberativos, ellos tienen menos patrimonio que antes, ellos vieron vulnerada su seguridad jurídica.

La actividad jurisdiccional será frenética.

El gobierno de Sheinbaum festejó la reforma, dice que con ella la disposición de agua suficiente para todos está garantizada y que el acaparamiento y la especulación terminará.

Además, se requiere una administración honrada de la autoridad, que en esta materia será todopoderosa. Sin embargo, esa característica tampoco se ha exhibido; al contrario, los escándalos de corrupción han sido frecuentes.

Antes y después de la aprobación, la postura de los productores fue de franco rechazo, reclamaron el despojo, adelantaron que buscarán la protección de la justicia federal ante un poder judicial nuevo, inexperto y comprometido con el régimen.

Con la reforma se tocaron fibras sociales e intereses económicos de un sector de la población amplio y tradicionalmente politizado, las consecuencias aún no es posible precisarlas.

Queda claro que es al estado a quien corresponde la responsabilidad de garantizarle a la población la disposición suficiente de agua, todos los países la enfrentan.

El modelo aprobado en México es inédito por el asfixiante control otorgado y la cuota ideológica que encierra.  Solo el tiempo pondrá a cada uno en su lugar.