Desigualdad social

México enfrenta una paradoja incómoda: mientras millones de personas han mejorado sus ingresos en los últimos años, la estructura profunda de la desigualdad permanece prácticamente intacta. Los dos informes recientes —Movilidad social en México 2025 del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y Oligarquía o democracia de Oxfam México— no solo documentan esta realidad: la explican con datos y la convierten en una advertencia.

Comencemos por el punto de partida. En México, el origen pesa demasiado. El 50 por ciento de las personas que nacen en el quintil más bajo de recursos económicos no logran superarlo. Esto significa que la mitad de la población nace pobre y muere igual. Para ellos, origen es destino. Más aún, solo dos de cada cien logran ascender al quintil siguiente. No es una falla individual; es un diseño estructural.

El discurso oficial relacionado con la reducción de la pobreza es engañoso, en este mismo espacio quedó demostrado que el incremento de los ingresos de la población menos favorecida (lo cual es cierto) se destina al pago de los servicios de salud que el Estado dejó de ofrecer. El balance final es negativo.

Ahora bien, esta desigualdad de oportunidades convive con una concentración extrema de la riqueza. Según Oxfam México, el 1 por ciento más rico —apenas 1.3 millones de personas— concentra 35 por ciento del ingreso nacional y 40 por ciento de la riqueza privada. Al mismo tiempo, 38.5 millones de personas enfrentan carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar. La desigualdad no es una abstracción: es la coexistencia de fortunas históricas con precariedades persistentes.

La cúspide es aún más elocuente. Hoy existen 22 familias mexicanas con una fortuna conjunta de 219 mil millones de dólares. Desde 1996, esa riqueza se multiplicó 4.2 veces, mientras la economía mexicana ni siquiera duplicó su tamaño en el mismo periodo. La lógica descrita por Piketty es irrefutable: cuando el rendimiento del capital crece más rápido que la economía, la desigualdad se recrudece.

Aquí es donde ambas agendas —movilidad y concentración— se cruzan. Un país donde el origen determina el destino y donde la riqueza se concentra en dinastías herederas, difícilmente puede sostener una democracia plena. Oxfam advierte que la concentración económica se traduce en poder político. Con esa capacidad cierran el paso a sistemas tributarios progresivos. Hoy día, el gran contribuyente es el trabajador, aportando el 60 por ciento de la recaudación total del impuesto sobre la renta. Cuando las decisiones económicas quedan en pocas manos, la democracia se vacía de contenido. La oligarquía avanza.

El régimen actual no ha desmontado las estructuras que reproducen la desigualdad. Los datos lo comprueban. La movilidad sigue limitada por factores heredados y la cúspide económica se consolida con mayor rapidez que el crecimiento nacional.

La solución no es simple, pero el diagnóstico es claro: necesitamos políticas que transformen las oportunidades desde la infancia, que redistribuyan el poder económico y que fortalezcan la inversión pública con enfoque territorial y de género. No se trata de castigar la riqueza, sino de impedir que se traduzca en captura estructural.

El sistema tributario es un instrumento de política económica útil para distribuir la riqueza, combatir la concentración y hacer crecer la economía. Es esta una reflexión que se suma a muchas otras que demandan una sacudida al modelo impositivo actual.

México se encuentra ante una decisión histórica. Puede aceptar la coexistencia de movilidad restringida y acumulación extrema, o puede apostar por un modelo económico donde el origen no condene y la riqueza no capture. O consolida su democracia o permite el avance de la oligarquía. Los datos ya hablaron. Ahora corresponde a la política decidir.

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