Salud universal gratuita
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Zacatecas, 12 de marzo de 2026
La credencialización universal en salud anunciada por el gobierno de Claudia Sheinbaum no es una reforma técnica. Es una promesa políticamente rentable y fiscalmente frágil. Se presenta como justicia social, pero descansa sobre un Estado que hoy no tiene ni el presupuesto ni la capacidad institucional para cumplir lo que promete. El riesgo no es menor: abrir expectativas que no pueden materializarse suele terminar en frustración, saturación y deterioro de los servicios que sí existen.
México gasta alrededor de 2.5 a 2.6% del PIB en salud pública, una cifra muy por debajo de los países con sistemas universales reales, que destinan entre 9 y 12% del PIB, como Canadá o el Reino Unido. Esa brecha no es ideológica: es aritmética. Alcanzar esa cifra significa elevar el presupuesto de salud en 5 puntos del PIB —alrededor de 1.5 billones de pesos—, cantidad equivalente a la recaudación total del IVA previsto para el 2026. Hacer efectiva la universalización implica incorporar a millones de nuevos usuarios al sistema sin que exista una expansión proporcional de infraestructura, personal médico o presupuesto.
Ese dinero no existe ni está respaldado por una reforma fiscal. Credencializar es barato; crear un sistema que lo haga real es iluso. Si el Estado mexicano fuera capaz de cumplir con el mandato constitucional previsto por el cuarto párrafo del artículo 4.º, se apuntaría un logro sencillamente descomunal; tan ambicioso que, sin sustento, cae en la demagogia.
Abrir el acceso universal —en el remoto caso de que se logre— sin ampliar la oferta equivale a la saturación. Más pacientes con los mismos hospitales, los mismos médicos y el mismo número de quirófanos no produce inclusión; produce filas más largas, tiempos de espera más altos y mayor frustración. El anuncio vende esperanza; el sistema entrega racionamiento. Eso no es progresismo, es irresponsabilidad institucional.
La experiencia internacional es clara: incluso países que gastan cuatro veces más que México en salud enfrentan listas de espera. Hay, además, un efecto económico que el discurso oficial evita: los incentivos perversos. En México, millones de trabajadores se incorporan al empleo formal no solo por salario, sino para acceder a seguridad social y servicios de salud. Si el mensaje del Estado es que se tendrá acceso pleno sin cotizar, el incentivo marginal a la formalidad se debilita.
No es una discusión ideológica; es microeconomía básica. En un país con una informalidad laboral de 54.6% —es decir, más de 32 millones de personas fuera del sistema contributivo—, la señal es peligrosa: pagar cuotas deja de ser un activo y se vuelve un costo sin retorno claro. El problema no es solo de incentivos, sino de equidad contributiva. Un trabajador formal y su empleador pagan cuotas que pueden representar entre 25 y 35% adicionales sobre el salario. Ese sobrecosto es real, especialmente para micro y pequeñas empresas.
Con el anuncio, si todos podrán acceder a los servicios de salud que mejor les convenga hayan o no contribuido, entonces el estímulo de estar del lado de la ley pierde sentido. No se trata de estar en contra de una idea especialmente relevante para la población, sino de reconocer que el diseño rompe la correspondencia básica entre aportación y beneficio. El mensaje implícito es que cumplir es opcional y que el sistema será sostenido por una minoría cautiva, mientras la mayoría recibe sin contribuir proporcionalmente. Eso erosiona la legitimidad del propio sistema, por decir lo menos; y la justicia, por decir lo más.
Se trata también de ponderar su auténtica viabilidad y anticipar los retos que deben vencerse para hacerlo realidad. Todo esto ocurre, además, sin una reforma fiscal que respalde el nuevo derecho. Si el gobierno creyera realmente en un sistema universal sostenible, estaría discutiendo cómo financiarlo: impuestos, reasignaciones profundas o nuevas fuentes de ingreso. No lo está haciendo. En su lugar, ofrece una credencial. Eso no es una reforma de Estado: es un simple anuncio de oropel.
