Durante más de una década, Zacatecas ha cargado sobre sus finanzas un peso que, en justicia y en equilibrio federal, no le corresponde. El pago de la nómina federal magisterial, particularmente de los docentes que deberían ser cubiertos por la Federación, y que cada quincena, cada fin de año, cada inicio de ciclo escolar, padecen las dudas por la percepción de sus sueldos que dignamente se han ganado en la aulas.

Esto ha significado una continua preocupación presupuestal que año con año compromete la estabilidad económica del estado, limita la inversión pública y coloca en incertidumbre a quienes sostienen el sistema educativo con su esfuerzo diario, nuestras queridas maestras y maestros.

Hoy, cuando en muchos estados ya se dio un proceso de federalización de la nómina educativa, y en otros como el nuestro, ya ha habido inicios y acercamientos, debemos entender que este paso no es solo una medida administrativa, sino un acto de justicia fiscal, de equidad federativa y de reconocimiento a la responsabilidad compartida que implica la educación pública.

Zacatecas, con un presupuesto limitado y dependiente en más de un 90 % de participaciones y aportaciones federales, no puede seguir soportando una carga que debería ser nacional. Desde hace años, el estado destina miles de millones de pesos al pago de plazas magisteriales que en otros territorios del país ya son cubiertas por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE). Esa desigualdad ha generado un déficit crónico, obligando a reasignar recursos que podrían destinarse a infraestructura, salud o seguridad.

Federalizar la nómina significa, ante todo, reconocer que la educación es un derecho que debe garantizarse con los mismos estándares en todo el país. No puede depender de la capacidad fiscal de cada entidad ni de la coyuntura política de un gobierno local. Significa liberar a Zacatecas de un gasto estructural que daña sus finanzas, y permitir que los recursos locales se orienten a fortalecer las escuelas, modernizar los planteles y mejorar las condiciones laborales del magisterio estatal.

Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Educación Pública ha retomado el diálogo con los gobiernos estatales para iniciar esta transición. En el caso de Zacatecas, la incorporación de casi mil plazas al esquema federal es una señal alentadora, pero también una invitación a acelerar el proceso. La meta debe ser que ningún maestro, ninguna maestra, vea comprometido su salario por la falta de liquidez del estado.

Esta federalización no implica perder soberanía ni autonomía financiera, como algunos sectores malinterpretan; significa restablecer el orden justo entre Federación y estados, garantizar certeza laboral al magisterio y dar estabilidad presupuestal a un gobierno estatal que ha hecho frente, con dignidad y responsabilidad, a las carencias heredadas.

Zacatecas merece una hacienda pública sana y un sistema educativo sólido. La federalización de la nómina no es un privilegio, es una necesidad impostergable para que el Estado pueda seguir cumpliendo con su deber histórico de formar a las nuevas generaciones sin hipotecar su futuro financiero.