El crecimiento del número de deudores alimentarios en Querétaro es un reflejo de una problemática social que sigue sin recibir la atención y el peso legal que merece. De acuerdo con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, el número de inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) ha aumentado desde su última actualización y tiende a crecer; esto deja en evidencia una realidad: hay padres que siguen evadiendo su responsabilidad de garantizar el bienestar de sus hijos y, por ende, el de las madres que los crían.

El incumplimiento de la pensión alimenticia no es solo una falta administrativa e incluso penal, es un acto de violencia económica que coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y precarización. La pensión alimenticia no es un lujo ni un favor, es un derecho básico de los menores que, en muchos casos, son cuidados únicamente por sus madres. Sin estos recursos, las mujeres deben enfrentar mayores obstáculos para cubrir necesidades elementales como alimentación, salud y educación.

A pesar de la existencia del RNOA, aún no se observa un impacto significativo en la conducta de los deudores. Según Guerra Urbiola, hasta el momento de los 24 oficialmente  inscritos ha solicitado la modificación de su estatus a no moroso, lo que indica que no han cumplido con el 100 por ciento de sus obligaciones. Esto plantea una pregunta crucial: ¿qué tan efectivas son las medidas actuales para garantizar el pago de la pensión alimenticia? Si el temor a ser exhibidos en un registro público no es suficiente, ¿qué más se debe hacer para obligarlos a cumplir?

El problema va más allá de la inscripción en una lista. Se requiere un marco normativo más severo, que contemple consecuencias reales y contundentes para los deudores, como la restricción para ocupar cargos públicos, la negación de trámites administrativos e incluso sanciones penales. Además, se deben fortalecer los mecanismos de ejecución de pago, evitando que los deudores encuentren vacíos legales para eludir su responsabilidad.

Es imperativo cambiar la percepción social sobre este tema. La falta de pago de pensión alimenticia debe ser vista como lo que realmente es: un abandono económico que afecta directamente a la niñez y perpetúa la desigualdad de género. La justicia no debe ser un proceso engorroso ni tardado para las madres que buscan lo justo. Se necesitan políticas públicas que faciliten la recuperación de estos recursos y que pongan en el centro a los niños y sus derechos.

A pesar de las presiones y el desgaste político, Abigail Arredondo sigue aferrada a la dirigencia estatal del PRI, empeñada en renovar comités y fortalecer el consejo político. La pregunta es: ¿Se trata de un acto de resistencia? Los priistas que aún quedan en Querétaro aseguran que darán la batalla, pero la realidad es que la fuerza del partido está mermada. Los resultados electorales recientes han sido devastadores y la militancia está dividida